Salario mínimo 2026 en Colombia: así cambiará con el nuevo “mínimo vital” decretado por el Gobierno Petro

El salario mínimo colombiano para 2026 está a punto de experimentar un cambio significativo, luego de que fracasaran las negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras en la mesa de concertación. Ante este escenario, el Gobierno Nacional ha asumido la responsabilidad de definir el aumento correspondiente a través de un decreto, el cual introducirá como novedad el reconocimiento del “salario mínimo vital” en la legislación. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro en su alocución del 23 de diciembre, señalando que la decisión se fundamentará en la protección de las condiciones de vida de las familias del país y en el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida, reflejado principalmente en la inflación.

El mandatario fue enfático en que el salario mínimo debe ajustarse, por lo menos, al ritmo de la inflación, de modo que permita mantener una vida digna. Según las declaraciones de Petro recogidas ese 23 de diciembre, el cálculo deberá tener en cuenta no solo los indicadores económicos habituales, sino que se considerarán las condiciones reales que enfrentan los hogares colombianos. De esta manera, la discusión trasciende la perspectiva puramente individual del salario y pasa a incorporar el análisis familiar, valorando el costo mínimo de la canasta básica para una familia promedio y el número de integrantes que aportan ingresos al hogar.

De acuerdo con la explicación presidencial, este enfoque implica comprender el salario como un derecho colectivo y familiar, no exclusivamente personal. El presidente afirmó que este criterio quedará consignado en el decreto correspondiente, subrayando la intención de transformar la manera tradicional en la que se ha discutido y fijado el salario mínimo en Colombia.

Aunque el Gobierno no ha determinado públicamente el monto final, fuentes citadas en los diálogos sostienen que el aumento podría superar el 12 %, lo que convertiría este ajuste en uno de los más elevados de los últimos años. Esta proyección sugiere que el ingreso mensual, sumado al auxilio de transporte, podría rondar la cifra de 1.800.000 pesos colombianos, aunque la cifra deberá confirmarse una vez emitido el decreto oficial, cuyo plazo límite es el 30 de diciembre.

El anuncio oficial ha suscitado intensos debates y preocupaciones especialmente entre empresarios, quienes advierten que un incremento de tal magnitud afectaría sustancialmente los costos laborales, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. Por su parte, sectores críticos también han vinculado el alcance y el momento del anuncio a posibles efectos electorales, dado que el país se alista para un nuevo proceso presidencial el próximo año. Frente a estas inquietudes, el Gobierno sostiene que su prioridad es proteger los derechos laborales y garantizar un ingreso que responda a las necesidades reales de la población trabajadora.

Con este panorama, la sociedad colombiana se encuentra a la expectativa de la definición final del salario mínimo para 2026 y de las implicaciones que tendrá la incorporación del concepto de “salario mínimo vital” en el marco laboral nacional. Al asumir directamente la decisión, el Ejecutivo marca un hito en la historia reciente de la concertación salarial en Colombia, buscando armonizar justicia social y sostenibilidad económica.

¿Qué implica la introducción del concepto de "salario mínimo vital" en la legislación laboral colombiana?

La denominación de “salario mínimo vital” implica una modificación sustancial de los criterios con que tradicionalmente se ha fijado el salario mínimo. Según lo declarado por el presidente Petro, este nuevo enfoque busca garantizar que el salario no solo responda a la inflación general, sino que sea suficiente para cubrir la canasta básica de una familia, considerando además el número de personas que aportan ingresos en el hogar.

Esta perspectiva amplía la visión del salario mínimo desde una referencia individual hacia una consideración más integral y familiar. La adopción de este concepto en la normativa laboral podría transformar las discusiones de futuros incrementos salariales, exigiendo que las políticas públicas atiendan, de manera más puntual, el bienestar de los hogares en su conjunto.