Ni $ 1’400.000: Anif oficializó su propuesta para el aumento del salario mínimo en 2025

La discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia, que reciben más de 2,5 millones de trabajadores, iniciará este mes. De hecho, este lunes ya se conoció la propuesta de Anif. La organización planteó un incremento del 6 % para 2025, cifra que considera adecuada para evitar desequilibrios en el mercado laboral.

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El análisis de Anif parte de las proyecciones de inflación (5 %) y el crecimiento de la productividad (0,78 %), que sumados justifican un aumento ajustado al 6 %, que llevaría el mínimo a $ 1’378.000.

En su informe, advirtió sobre los riesgos de establecer incrementos por encima de esta fórmula técnica, ya que, según sus cálculos, podrían impactar negativamente a los trabajadores informales.

A su juicio, incrementos superiores a los dictados por la regla universal de la inflación más productividad, “pueden afectar negativamente a un segmento de trabajadores dentro del mercado laboral”.

La propuesta de Anif pone sobre la mesa un punto de partida técnico en medio de una discusión que no solo aborda cifras, sino que también considera factores sociales y políticos. Eso sí, por el otro lado, las centrales obreras piden un incremento mayor(10 %) para cubrir las necesidades de los trabajadores.

Aumento del salario mínimo en Colombia: ¿en cuánto quedaría?

Con este panorama, las expectativas de incremento para 2025 son más bajas que en 2024, cuando factores como la alta inflación llevaron a un aumento del 16 %. 

Según cálculos preliminares, si el salario mínimo sube:

• 6,2 %, quedaría en $ 1’380.000.
• 6,5 %, alcanzaría $ 1’384.000.
• 10 %, se situaría en $ 1’430.000.

Cuándo se define incremento del salario mínimo en Colombia

El proceso de negociación inicia oficialmente el 3 de diciembre con la instalación de la Subcomisión de Productividad, seguida por reuniones claves en las semanas siguientes. El 11 de diciembre, empresarios, centrales obreras y el Gobierno Nacional presentarán sus propuestas de aumento. 

Si no se llega a un acuerdo entre las partes, el Gobierno tendrá la última palabra, con un decreto que deberá publicarse antes del 30 de diciembre.