Robo de combustibles en Colombia: impacto económico, ambiental y riesgos para la seguridad en 2025 y 2026

El robo de combustibles a través de válvulas ilícitas conectadas a poliductos se consolidó durante 2025 como una amenaza significativa para la economía y seguridad en Colombia. De acuerdo con datos suministrados por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), se identificaron más de 490 válvulas ilegales en diferentes regiones del país a lo largo de ese año. Esta problemática persistió a comienzos de 2026, como lo confirmó el hallazgo de 11 dispositivos de este tipo por parte del Ejército Nacional en el sur del departamento del Cesar, lo que demuestra la continua sofisticación y expansión de este delito.

El impacto económico es considerable: se calcula que en 2025 fueron hurtados y comercializados de manera ilegal cerca de 27,5 millones de galones de combustibles, una cifra que equivale al consumo anual de aproximadamente 55.000 vehículos particulares. Además del daño directo a las finanzas de las empresas oficiales, esta actividad delictiva afecta las fuentes de ingresos regionales. Según la ACP, la sobretasa a la gasolina y al ACPM —un aporte aplicado a estos combustibles— representó un recaudo de $4,03 billones destinados a departamentos y municipios ese año. Sin embargo, las ventas oficiales presentaron una reducción de 4,8 millones de galones, lo que se tradujo en una disminución de $2,6 mil millones en recursos que habrían servido para invertir en vías, servicios públicos y demás proyectos de desarrollo local.

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP, enfatizó que “cada galón que se vende por fuera de la legalidad es menos inversión en vías, servicios públicos y desarrollo para los colombianos”. A esta afectación económica se suma el deterioro de la competitividad para las estaciones de servicio legales, la amenaza al empleo formal y la desestabilización del mercado, fenómenos agravados por los vínculos entre el comercio ilegal y otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Los riesgos ambientales tampoco pueden ignorarse: la instalación de válvulas ilegales conlleva perforaciones en los poliductos, derrames, contaminación de suelos y fuentes hídricas, además de un daño potencial para los consumidores al recibir combustibles de baja calidad, lo que puede ocasionar fallas mecánicas en motores y elevar los niveles de contaminación ambiental.

Si bien la ACP reconoce los operativos y controles realizados por las autoridades y la Fuerza Pública, insiste en la necesidad de un compromiso más amplio de la ciudadanía, motivando el abastecimiento exclusivo en estaciones autorizadas y así reducir la cadena de corrupción.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del robo de combustibles en Colombia?

El robo de combustibles en Colombia provoca una significativa disminución en los ingresos fiscales para departamentos y municipios, reduce la inversión en infraestructuras y servicios públicos, afecta las ventas formales y perjudica a las estaciones legales, generando pérdidas económicas y socavando el desarrollo regional.

¿Cómo afecta la comercialización ilegal de combustibles al medio ambiente y la seguridad?

La comercialización ilícita implica perforaciones y manipulación insegura de poliductos, lo que genera derrames, contaminación de suelos y aguas, y expone a los consumidores a combustibles de baja calidad, incrementando el riesgo de daños mecánicos y mayores niveles de contaminación ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.