Valle del Cauca frente al reto: ¿cómo sostener su red hospitalaria ante crisis y grandes deudas de las EPS?

El panorama de la red hospitalaria en el Valle del Cauca para el año 2026 se presenta como un desafío fundamental para las autoridades departamentales y los actores del sector salud. A pesar de que el departamento ostenta indicadores de atención sanitaria superiores al promedio nacional, las presiones económicas y estructurales obligan a replantear estrategias para asegurar la sostenibilidad de los servicios hospitalarios, principalmente en el sector público. Según declaraciones recogidas por el Diario Occidente, la gobernadora Dilian Francisca Toro advierte que el reto central será garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los hospitales públicos en un entorno marcado por reformas y dificultades financieras a nivel nacional.

El funcionamiento de los centros asistenciales debe preservarse pese al incremento en la demanda de usuarios, una situación agudizada por el cierre de servicios en clínicas privadas. Esta coyuntura ha desplazado parte de la carga hacia la red pública, evidenciando la importancia de mantener la operatividad y evitar interrupciones. Toro enfatiza la urgencia de mejorar los pagos tanto a hospitales públicos como privados, pues de ello depende la continuidad y la calidad en la atención que reciben los ciudadanos. El pago puntual se convierte, entonces, en un mecanismo fundamental para evitar el deterioro de las condiciones de prestación de los servicios médicos.

Desde la Secretaría de Salud departamental, la directora María Cristina Lesmes destaca que uno de los objetivos principales es avanzar en un proceso de modernización tecnológica. Se busca fortalecer la Red Integrada Integral de Servicios, una plataforma que permitirá realizar diagnósticos en diferentes regiones del Valle del Cauca y, a partir de esos análisis, optimizar la eficiencia del sistema hospitalario. Lesmes subraya además que el 85 % de los prestadores en el departamento corresponden al sector privado, lo cual vuelve indispensable la integración y colaboración entre clínicas privadas y hospitales públicos para lograr una cobertura equitativa y de calidad.

El Valle del Cauca se posiciona como una de las regiones con mayor capacidad hospitalaria instalada; cuenta con centros de alta complejidad en ciudades como Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Cali. Además, instituciones reconocidas como la Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco refuerzan la infraestructura con servicios especializados. Esta red cubre una población inferior al millón de habitantes por cada centro, superando los estándares nacionales establecidos.

No obstante, las autoridades advierten que sostener estos niveles de capacidad requiere resolver desafíos estructurales, especialmente relacionados con las finanzas. La cartera que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) mantienen con hospitales y clínicas asciende a más de 3 billones de pesos, lo que limita la liquidez y condiciona inversiones y pagos. Por tanto, el plan a futuro consiste en conseguir recursos sostenibles, promover la articulación público-privada, afianzar el componente tecnológico y fortalecer tanto la eficiencia como la cobertura de la red pública de salud, procurando preservar el liderazgo regional ante las transformaciones del sistema de salud a nivel nacional.

¿Cómo afectan las deudas de las EPS a la red hospitalaria del Valle del Cauca?

El tema de la cartera que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) adeudan a hospitales y clínicas del Valle del Cauca es clave para entender las dificultades financieras del sistema. De acuerdo con información citada por el Diario Occidente, este monto supera los 3 billones de pesos, generando un impacto directo en la liquidez y capacidad de funcionamiento de las instituciones de salud.

Al limitar la disponibilidad de recursos para inversiones, compra de insumos y pago al personal médico, esta deuda pone en riesgo tanto la calidad como la continuidad de la atención ofrecida a los usuarios. En un escenario donde se busca fortalecer la red hospitalaria y garantizar el acceso oportuno, encontrar mecanismos efectivos para el pago de estas obligaciones resulta esencial para la sostenibilidad del sistema de salud regional.