Congreso no logra aprobar conciliación del Presupuesto General de la Nación 2027 y abre paso a decreto presidencial

El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 se vio marcado por un revés significativo en el Congreso, luego de una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada del 21 de octubre. Según lo informado por el Senado de la República y confirmado por Diego González, secretario general del Senado, las diferencias entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes impidieron que se completara el procedimiento legislativo antes del vencimiento del plazo constitucional, fijado para la medianoche del 20 de octubre. Esta situación pone en entredicho el futuro de las finanzas públicas del país.

El principal foco de la discordia fue el artículo 65, que aborda operaciones de cobertura fiscal para reducir los riesgos derivados de las fluctuaciones del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio. Mientras el Senado aprobó la versión original tras el retiro de una propuesta de modificación por parte del senador Juan Caicedo, la Cámara de Representantes sí incluyó la modificación propuesta por Caicedo, la cual contó con el aval y la firma del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, de acuerdo con información publicada en canales oficiales del Senado y la Cámara.

Al encontrarse aprobadas dos versiones diferentes del mismo proyecto, la ley exige la conformación de una comisión de conciliación, cuyo objetivo sería unificar el texto final antes de la votación definitiva. Sin embargo, la falta de tiempo para conformar y convocar dicha comisión provocó la imposibilidad de realizar la conciliación, dejando el trámite inconcluso. De acuerdo con la Ley 5 de 1992, ningún proyecto de ley puede ser aprobado si no se surte la etapa de conciliación cuando hay diferencias entre los textos de las cámaras.

Las consecuencias de este error recaen ahora en el Gobierno Nacional, que, de acuerdo con la normatividad vigente, podría expedir el presupuesto mediante decreto presidencial, tomando como referencia el texto aprobado en el primer debate por las comisiones económicas conjuntas. Esto mantendría el monto global cercano a los 634,9 billones de pesos, aunque dejaría por fuera precisiones y adiciones posteriores que beneficiaban a sectores claves como salud y educación.

Expertos y sectores políticos han manifestado, según los comunicados oficiales y reportes del Senado, que la omisión en la conciliación podría afectar solo los artículos en conflicto o llegar a invalidar el proyecto en su totalidad, dependiendo de la interpretación constitucional. Como alternativa, se plantea la posibilidad de que el presidente convoque sesiones extraordinarias en enero de 2027 para tramitar un nuevo proyecto de adición y traslado presupuestal, con el objetivo de garantizar las asignaciones a rubros estratégicos que pudieron quedar por fuera.

Por ahora, la definición sobre el futuro del presupuesto seguirá dependiendo de las certificaciones que expidan los secretarios generales del Senado y la Cámara sobre los textos votados, los cuales serán fundamentales para las decisiones del Ejecutivo que permitirán asegurar el funcionamiento financiero del Estado colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias puede tener la falta de conciliación en el Presupuesto General de la Nación 2027?

La ausencia de una conciliación entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impide la sanción del proyecto de presupuesto, obligando al Gobierno Nacional a expedirlo por decreto con base en la versión aprobada en primer debate, lo que puede dejar fuera ajustes posteriores relevantes para sectores como salud y educación. Este procedimiento puede ser impugnado según distintas interpretaciones constitucionales, afectando el alcance y la validez total o parcial de la ley.

¿En qué consiste exactamente el artículo 65 del Presupuesto General de la Nación?

El artículo 65 del Presupuesto General de la Nación contempla las operaciones de cobertura fiscal, que son mecanismos financieros destinados a minimizar los riesgos derivados de las fluctuaciones en los precios del petróleo, combustibles líquidos y la tasa de cambio. Este punto específico fue el origen del desacuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes, ya que cada corporación aprobó una versión diferente de su redacción.