Antioquia se salva de la tormenta predial: ¿por qué logró esquivar las protestas que sacuden al país?

Las recientes protestas por el aumento del impuesto predial sacudieron a regiones como Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare, Cundinamarca, Cesar y Risaralda, según reportó El Colombiano. Los manifestantes bloquearon corredores logísticos y el flujo de carga pesada, mientras alcaldes y congresistas exigían el congelamiento del proceso. Sin embargo, un eje fundamental para entender el desarrollo de este fenómeno es la exclusión de Antioquia del conflicto, lo cual puede rastrearse directamente a las políticas catastrales adoptadas localmente.

La raíz del malestar social fue la Resolución 2057 de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), diseñada para corregir el rezago histórico en los avalúos catastrales rurales. Esta resolución implementó ajustes automáticos por única vez a los valores de 527 municipios, pero ninguno de ellos pertenecía a Antioquia. El departamento había avanzado antes en la actualización de sus avalúos con un enfoque progresivo, evitando los incrementos abruptos que detonaron las protestas en otras regiones.

El IGAC buscaba acercar los avalúos al precio real del mercado y fortalecer las finanzas municipales, pero la magnitud de los aumentos, como ocurrió en Saravena y Arauca donde los avalúos escalaron en millones de por ciento, causó indignación. El presidente Gustavo Petro defendió la legalidad y necesidad de los incrementos, recordando que los concejos municipales y alcaldes deciden la tarifa aplicada. No obstante, la falta de comunicación previa y los efectos inmediatos, especialmente sobre sectores como el transporte y la agroindustria, generaron presión política y económica.

La salida institucional llegó después con la Resolución 0384 de 2026, habilitando a los directores territoriales del IGAC para moderar los incrementos en casos atípicos. Al mismo tiempo, la Federación Colombiana de Municipios urgió a implementar la norma en todo el país y pidió al gobierno no responsabilizar a los mandatarios locales, señalando la necesidad de cooperación y soluciones integrales.

En Antioquia, la diferencia radica en la autonomía y sofisticación de su gestión catastral. Entidades como la Gerencia de Catastro Antioquia, la Subsecretaría de Catastro de Medellín, así como los esquemas independientes en Envigado, Sabaneta, Rionegro, Marinilla y MASORA, constituyen la mayor cobertura de actualización catastral autónoma del país. Entre 2024 y 2025, 88 municipios antioqueños actualizaron sus catastros progresivamente, respaldados por datos y análisis elaborados con bases como la R1-PRO.

Este sistema permitió que el valor catastral agregado de casi un millón de predios se duplicara, sin traducirse en crisis social, porque los concejos municipales podían ajustar tarifas y tramos según la Ley 44 de 1990. No obstante, estudios del Centro de Estudios e Incidencia de la Universidad Eafit revelan que en la práctica la progresividad del impuesto terminó siendo una tarifa plana, dado que los tramos de valor y tarifas no han sido actualizados en décadas, generando aumentos similares a todos los propietarios, independientemente del valor del predio.

La Ley 1995 de 2019 estableció topes a los aumentos para proteger a los contribuyentes, diferenciando entre estratos y tipo de predio. Según expertos como el exsubdirector del IGAC, Diego Carrero, la actualización catastral es crucial para el financiamiento municipal, dado que 952 municipios apenas recaudan el 7% del impuesto predial nacional, mientras la brecha entre avalúo catastral y valor comercial ha significado pérdidas significativas para el país.

En conclusión, la actualización catastral, bien gestionada y acompañada de una revisión de tarifas por los concejos municipales, permite alinear el valor de las propiedades con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, sin desencadenar el conflicto social que ocurrió en otras regiones. ¿Deberían otros departamentos seguir el modelo de Antioquia para evitar escenarios similares?

¿Qué significa “catastro” y por qué es importante para el impuesto predial?

El catastro es el registro administrativo que contiene la descripción de los bienes inmuebles de un territorio, detallando su ubicación, características físicas, uso y valor. Según información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) citada en El Colombiano, este registro es la base sobre la cual se calcula el valor catastral que sirve como referencia para la liquidación del impuesto predial en Colombia.

La importancia del catastro reside en que, al reflejar el valor actualizado y real del suelo y las edificaciones, garantiza que el cobro de impuestos sea más equitativo y acorde con la capacidad contributiva de cada propietario. Además, una gestión catastral bien realizada permite mejorar el recaudo fiscal y destinar mayores recursos a obras y servicios en municipios y ciudades, evitando distorsiones que perjudiquen a sectores sociales o económicos específicos. La confianza en los procesos de actualización y transparencia catastral es clave para prevenir conflictos y fortalecer la administración tributaria local.