Alerta con pensiones en Colombia por alza del salario mínimo: Fitch destapó riesgos muy delicados

Una compañía experta a nivel internacional expuso las complicaciones que están sobre la mesa debido a la determinación en la economía nacional.

En un reciente análisis, la calificadora Fitch Ratings puso la lupa sobre el sistema pensional colombiano y concluyó que los recientes cambios regulatorios y propuestas de política introducen riesgos relevantes para aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones (AFP).

En el centro del debate están tres factores: el aumento del salario mínimo del 23 %, los ajustes en los mecanismos de compensación estatal para rentas vitalicias y el límite propuesto a la inversión extranjera de las AFP.

La calificadora no anticipa, por ahora, acciones inmediatas sobre las calificaciones crediticias.

Sin embargo, anunció que hará seguimiento cercano a las entidades con mayor exposición, especialmente en gestión de activos y pasivos (ALM), rentabilidad e indicadores de solvencia.

El incremento del salario mínimo de 23 % desde el primero de enero de 2026 superó ampliamente la inflación de 5,1 % registrada en 2025. Ese diferencial es crítico porque la pensión mínima está indexada al salario mínimo y no puede crecer por debajo de este.

Aquí aparece el fenómeno conocido como “deslizamiento”, cuando el salario mínimo crece mucho más que la inflación, las obligaciones de las aseguradoras aumentan a un ritmo superior al previsto por precios. Es decir, los pasivos se expanden más rápido que los activos.

La situación se agravó con el Decreto 1485 de 2025, que modificó el esquema de compensación estatal frente a desviaciones entre salario mínimo e inflación.

En la práctica, redujo el apoyo del Gobierno para cubrir esa brecha y trasladó más riesgo directamente a las aseguradoras. Antes, el Estado asumía buena parte de ese descalce; ahora la carga recae sobre las compañías.

Así las cosas, el alza del salario mínimo y el decreto cambiaron el aseguramiento de las pensiones en Colombia. El Gobierno, hasta ahora, no ha explicado el impacto integral de esta decisión ni para las pensiones ni para el gasto fiscal.

Las aseguradoras que administran rentas vitalicias tienen portafolios fuertemente concentrados en TES indexados a UVR e IPC. En 2025, esos instrumentos ofrecieron tasas al vencimiento entre 9 % y 11,5 %.

En condiciones normales, esos retornos son atractivos. El problema es que podrían resultar insuficientes para compensar el reajuste acelerado de los pasivos en años con alta brecha entre salario mínimo e inflación. Según Fitch, esto puede provocar descalces de duración y de rentabilidad.

Traducido a términos simples, actuarialmente, las aseguradoras podrían no tener activos suficientes para cubrir las obligaciones futuras de pago de pensiones si el salario mínimo sigue creciendo muy por encima de la inflación.

A noviembre de 2025, las reservas asociadas a rentas vitalicias ascendían a $ 66,3 billones. Además, cerca del 75 % de estas rentas están denominadas en salarios mínimos. Es una concentración elevada del riesgo en un indicador que depende de decisiones políticas anuales.

Las aseguradoras afectadas deberán fortalecer reservas técnicas entre 15 % y 20 % de su capital. Eso impactará la rentabilidad y podría generar pérdidas en el cierre de 2025 y en el inicio de 2026.

El riesgo sistémico es más evidente, si las aseguradoras se retiran o restringen fuertemente su participación, el Estado tendría que asumir el 100 % de los riesgos pensionales como garante de última instancia. Eso trasladaría el problema al balance fiscal.

Aunque Fitch subraya que la mayoría de las aseguradoras calificadas mantiene una capitalización robusta para absorber estos choques, la agencia vigilará de cerca la evolución de su solvencia.

En paralelo, el Gobierno propuso limitar la inversión en activos extranjeros de las AFP al 30 %, con una transición hacia un tope del 35% en el tercer año y del 30 % en el quinto.

Actualmente, las AFP mantienen una exposición internacional cercana al 49 % en portafolios de pensiones obligatorias que suman $ 527,3 billones.

Para Fitch, esta restricción amenaza con reducir drásticamente la diversificación y los rendimientos de largo plazo para los ahorradores.

Citando cifras de Asofondos, la agencia recordó que los portafolios diversificados han entregado retornos anuales promedio de 8,5 % con un riesgo de 1,7 %. En contraste, carteras invertidas exclusivamente en Colombia apenas alcanzaron 3,8 % de retorno, con un riesgo mayor de 3,3 %.

La consecuencia sería una mayor concentración en deuda pública local (TES), que ya representa 35 % de los portafolios de los fondos y un tercio de la deuda total del Gobierno.

Según la calificadora, esto incrementa el riesgo sistémico al generar sobreexposición a un solo emisor y presiona la rentabilidad de todo el sector. En otras palabras, más dependencia del Estado como deudor y menor margen para diversificar el riesgo.