Odebrecht, herida de corrupción y a punto de quiebra, pide recuperación judicial en Brasil

Hizo la solicitud para renegociar deudas, al tiempo que busca rehacer su imagen: pasó de líder industrial a exportador de modelo de corrupción en gran escala.

El objetivo de la recuperación judicial del gigante brasileño es buscar vías para superar una situación de crisis financiera de un deudor, con el fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores

El monto de la deuda para la que pidió acogerse a la recuperación judicial suma 84.000 millones de reales (21.500 millones de dólares al cambio actual).

Odebrecht se vio obligada, además, en estos años, a redefinir su dirección, apartando del mando a la familia fundadora.

El grupo, fundado en 1944 en el estado de Bahía (nordeste), actúa en áreas tan diversificadas como la construcción de carreteras y estadios, el aprovisionamiento de agua y energía o la construcción de submarinos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

En la primera década de este siglo encarnó a un Brasil pujante con negocios en América Latina y África. Pero fue fulminado por la Operación Lava Jato, que a partir de 2014 desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

El esquema trascendió las fronteras y provocó crisis políticas en varios países. En Perú, tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima.

Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Su expresidente Marcelo Odebrecht, nieto del fundador del imperio, fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de cárcel. La sentencia fue reducida a 10 años después de que aceptase colaborar con la justicia y desde diciembre de 2017 cumple prisión domiciliaria.

Las confesiones de 77 de sus exejecutivos sirvieron de base para nuevas tandas de acusaciones contra políticos de primer plano.

Las finanzas del grupo se vieron afectadas por el escándalo y la grave recesión de dos años en la que Brasil se sumió en 2015. Su facturación pasó de 132.500 millones de reales en 2015 a 82.000 millones en 2017 (39.100 millones de dólares a 25.685 millones de dólares, a los cambios promedios respectivos de esos años).

Para enfrentar el temporal, se lanzó a un programa de venta de activos. Su plantilla mundial pasó de 180.000 empleados hace cinco años a 48.000 en la actualidad.

Fue precisamente el fracaso de una operación de venta de una de sus joyas, la petroquímica Braskem (cuyo capital controla en asociación con Petrobras), que precipitó el pedido de recuperación judicial.