¿Nuevas tarifas de acueducto y alcantarillado en Colombia? Preocupaciones por alzas y falta de transición

La reciente publicación del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) representa un cambio de gran magnitud para los principales operadores del sector en Colombia. Esta actualización normativa será obligatoria para los prestadores que cuenten con más de 5.000 usuarios, es decir, para 188 grandes operadores a nivel nacional, lo que evidencia su alcance e impacto en el sistema de servicios públicos del país.

En respuesta a este anuncio, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) expresó profundas inquietudes, destacando que, aunque el país sí requiere un marco regulatorio actualizado y sostenible, el contenido final de la resolución aprobada difiere considerablemente del borrador original propuesto a la ciudadanía. Esto, según la asociación, resta eficacia al proceso de consulta pública, puesto que las observaciones y comentarios se realizaron sobre un documento que no reflejó el resultado final.

El gremio enfatizó que la participación ciudadana en este tipo de decisiones debe ir más allá de lo formal: es crucial que los aportes públicos versen sobre la versión definitiva que regirá al sector, garantizando así un diálogo transparente y sustancial. Esta preocupación se agrava al observar que el nuevo marco tarifario entra en vigor el 1 de julio de 2026, lo que, según Andesco, no permite un periodo de transición suficiente considerando que los prestadores deben realizar estudios tarifarios, reestructurar planes de inversión y adaptar sus sistemas técnicos e informáticos para cumplir con las exigencias de la regulación.

La experiencia previa revela que el proceso de discusión y aplicación de marcos tarifarios ha requerido plazos más extensos: hasta un año para el debate normativo y de seis a once meses para la implementación. Esta reducción significativa del tiempo podría colocar a los operadores ante retos logísticos y técnicos imposibles de solventar en los plazos previstos.

Si bien la intención declarada de la nueva normativa es la disminución de las tarifas para los usuarios finales, Andesco advierte que las nuevas obligaciones, en especial aquellas relacionadas con inversiones ambientales, la gestión del riesgo y el diseño de planes de reducción de pérdidas, acarrearán importantes costos adicionales para las empresas. De acuerdo con sus análisis, estos requisitos podrían incrementar las tarifas, especialmente en aquellas regiones donde la autoridad regulatoria no ha comprobado la viabilidad técnica y financiera de alcanzar los nuevos estándares.

En este contexto, Andesco ha hecho un llamado enfático a la CRA para que revise de manera integral las condiciones de entrada en vigor del nuevo marco tarifario y para que garantice tanto el rigor técnico como la transparencia en el proceso. Asimismo, la asociación alertó a entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre los riesgos que, en su apreciación, podría acarrear la regulación sin una transición adecuada y bien sustentada.

Finalmente, Andesco sostiene que una regulación robusta debe fortalecer los servicios públicos y su sostenibilidad. Sin embargo, señaló los peligros de decisiones aceleradas o incompletas, ya que éstas generan incertidumbre entre los prestadores, obstaculizan la planificación y ejecución de inversiones y, en última instancia, pueden traducirse en variaciones tarifarias inesperadas o incluso un deterioro en la calidad del servicio para los usuarios.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los operadores para cumplir el nuevo marco tarifario?

La premura en la implementación del nuevo marco tarifario impone numerosos desafíos a los grandes prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado. Por un lado, el proceso requiere la elaboración de estudios tarifarios y la reestructuración de complejos planes de inversión, aspectos fundamentales para garantizar que los cambios normativos no perjudiquen ni a las empresas ni a los usuarios. La falta de tiempo suficiente supone una carga operativa y financiera que muchas compañías ven difícil de afrontar, especialmente en aquellos territorios donde la puesta en marcha de las nuevas exigencias aún no ha sido evaluada en cuanto a su viabilidad técnica y económica.

Adicionalmente, las nuevas obligaciones en inversiones ambientales y gestión de riesgos demandan recursos y capacidades adicionales, incrementando el costo operativos de los prestadores. Si no se proporcionan mecanismos de apoyo o plazos razonables para la transición, esta situación podría llevar no solo a incrementos en las tarifas cobradas a los usuarios, sino también a la posibilidad de que los servicios sufran una desmejora en su calidad y cobertura. Por esas razones, Andesco subraya la importancia de que los cambios regulatorios se apliquen dentro de un marco de transparencia y flexibilidad técnica que permita el cumplimiento efectivo por parte del sector.