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Los movimientos en esas plataformas financieras llevaron a muchos colombianos a declarar renta por primera vez y a rendir cuentas ante la Dian.
Aunque muchos no lo saben, los movimientos en plataformas como Nequi y Daviplata suman para el total de transacciones bancarias a incluir en la declaración de renta.
La Dian señaló que muchos colombianos se vieron obligados por primera vez a declarar renta por cuenta de esos movimientos hechos en aplicaciones.
(Vea también: Clientes de Daviplata quedaron aburridos con supuesto regalo; aplicación explicó qué pasó).
Cifras de la entidad, citadas por RCN, evidencian que de 3 millones de nuevos declarantes en el país, unos 800.000 llegaron a ese punto por cuenta de sus movimientos en Nequi o Daviplata.
Eso sí, la Dian fue clara al señalar que declarar renta no es lo mismo que pagar el impuesto a la renta y por eso no hay tantos problemas para los declarantes.
“El criterio de los movimientos bancarios solamente me clasifica como que estoy obligado a presentar la declaración”, dijo a ese medio Cecilia Rico, directora de Gestión de impuestos de la Dian.
Tenga en cuenta que declarar renta y pagar renta es algo muy diferente y que los topes para cada situación son amplios.
Declarar renta en Colombia es una obligación tributaria fundamental para ciertas personas y empresas, y tiene una importancia tanto a nivel individual como colectivo. Al cumplir con la declaración de renta, los ciudadanos y empresas contribuyen al financiamiento del Estado, ya que los impuestos son una de las principales fuentes de ingresos para el gobierno.
Estos fondos se destinan a cubrir necesidades sociales, como educación, salud, infraestructura y programas de bienestar. Así, declarar renta es una forma de contribuir al desarrollo del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.
Además, la declaración de renta es un instrumento que permite al Estado tener un control adecuado sobre las finanzas de las personas y empresas. Esto ayuda a combatir la evasión fiscal y la informalidad, promoviendo una economía más equitativa y regulada.
El no cumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones, multas y otros problemas legales, lo que pone en riesgo el patrimonio personal o empresarial.
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