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El Ministerio de Comercio establecería un nuevo régimen tarifario en las cámaras de comercio del país y el sector privado está preocupado.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha provocado revuelo entre empresas y cámaras de comercio del país al socializar un borrador de decreto que pretende reformar el modelo tarifario para los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil.
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A pesar de que el plazo inicial para comentarios sobre el borrador vencía el 15 de noviembre, la cartera decidió otorgar una extensión de cinco días adicionales, fijando la nueva fecha límite este 20 de noviembre.
Confecámaras, el gremio que aglutina a las cámaras de comercio, lidera las conversaciones con el ministerio para abordar las preocupaciones del sector privado relacionadas con el contenido del decreto propuesto.
Según información obtenida por Portafolio, el Gobierno asegura que la iniciativa no ocasionará costos directos al Estado. Además, estima que el nuevo esquema tarifario podría significar un ahorro del 46,5 % en la renovación de registro mercantil para los empresarios.
El cambio más destacado anunciado es la fijación de las tarifas en Unidad de Valor Básico (UVB) a partir del primero de enero de 2024, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. Se establecerá un rango de tarifas con escalas diferenciales basadas en los activos ordinarios del comerciante, con un mínimo de 2 UVB (equivalente a $ 20.000) y un máximo de 1.000 UVB (equivalente a $ 10’000.000), buscando progresividad y equidad vertical.
El documento que acompaña el borrador señala que se hará un ajuste en las tarifas de ciertos actos y certificaciones para compensar la disminución de ingresos, sin que el aumento sea desproporcionado, indica el citado medio.
Sin embargo, el sector privado, en su análisis del decreto propuesto, expresa preocupaciones. Una de ellas se refiere al cambio en el criterio para el pago de establecimientos de comercio, pasando de activos vinculados al establecimiento a la cantidad de establecimientos del empresario.
Este cambio podría vulnerar el principio de igualdad, ya que empresas de diversos tamaños pagarían el mismo porcentaje si poseen igual cantidad de establecimientos.
Desde Acopi, se destaca que, aunque el esquema responde al principio de progresividad, las tarifas deberían modificarse para cumplir con el principio de equidad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían terminar pagando tarifas más altas en comparación con empresas de mayor tamaño.
Los gremios calculan el impacto del ajuste tarifario, indicando que con la nueva tarifa UBV, basada en la inflación, significaría menores ingresos en el próximo año. Por ejemplo, tarifas para trámites como el certificado de existencia y representación legal aumentarían de $ 7.200 a $ 20.000, y el certificado de matrícula mercantil pasaría de $ 3.600 a $ 20.000.
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