¿Bajarán las tarifas de energía en Colombia? Más del 25% de generadores acepta la nueva fórmula del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía comunicó que más del 25% de la capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia aceptó la nueva fórmula tarifaria aprobada bajo el menú de corto plazo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), conforme a la Resolución 101 102 de 2026. Esta decisión representa un avance importante dentro de la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro para disminuir las tarifas de energía que pagan los usuarios en el país.

De acuerdo con la información oficial, entre las empresas que decidieron acogerse a este mecanismo figuran importantes actores estatales del sector energético, como Empresas Públicas de Medellín (EPM), GENSA, URRÁ y GECELCA. Además de estas compañías públicas, otros proyectos de generación basados en energía solar y otras tecnologías se sumaron a la nueva modalidad que propone una transformación significativa del mercado eléctrico colombiano.

El objetivo principal de esta nueva fórmula es modificar un esquema que ha regido durante más de treinta años, el cual establece que el costo de la energía generada a partir de recursos hídricos esté atado a los precios internacionales del gas importado o de combustibles líquidos. Como señala el Ministerio de Minas y Energía, esta indexación ha influido fuertemente en el valor de la tarifa, especialmente en periodos de baja hidrología, cuando la producción hidroeléctrica disminuye y aumenta la dependencia de fuentes térmicas más costosas.

Según declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la intención de la medida es desmontar componentes fundamentales del actual sistema de conformación de precios, el cual fue implementado desde 1995 y, según sus palabras, requiere ajustes para favorecer a los consumidores. El Gobierno recalcó que tanto empresas públicas como privadas están participando en la iniciativa, aunque un grupo de grandes generadoras privadas prefirió no unirse hasta el momento.

En el contexto de estos cambios, el ministro Palma también mencionó la privatización de ISAGEN, llevada a cabo bajo la gestión del exministro Mauricio Cárdenas. Según Palma, si ISAGEN hubiera permanecido como empresa pública, el alcance de la nueva fórmula tarifaria podría haber cubierto hasta un 35% del sistema eléctrico nacional. Este dato evidencia cómo decisiones administrativas pasadas continúan teniendo repercusiones en la estructura y cobertura de políticas energéticas actuales.

¿Qué impacto podría tener la desindexación de la energía hidroeléctrica de los precios del gas y combustibles líquidos en las futuras tarifas del servicio?

La decisión de desvincular el precio de la energía generada a partir de fuentes hídricas de los precios internacionales del gas importado y combustibles líquidos introduce un cambio estructural en la manera en que se determinan las tarifas para los usuarios. Este mecanismo había existido como un factor clave en la definición de costos durante décadas, incidiendo especialmente cuando las condiciones hidrológicas desfavorables obligan a recurrir a fuentes alternativas más costosas, lo que encarece las facturas mensuales.

La relevancia de la pregunta radica en que la transformación de este paradigma podría facilitar una mayor estabilidad y previsibilidad en las tarifas eléctricas, al tiempo que limita la influencia de factores exógenos como el mercado internacional de combustibles. En este contexto, se espera que la medida propuesta beneficie a un número más alto de usuarios, aunque su impacto dependerá de la gradualidad con la que más empresas generadoras adopten el nuevo esquema.