Congreso de Colombia debate eliminación de impuestos a ultraprocesados en medio de presiones de la industria alimentaria
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Visitar sitioDesde 2021, medidas como el etiquetado frontal y el gravamen del 10% redefinen la discusión alimentaria.
En menos de tres años desde la aprobación de los impuestos a alimentos ultraprocesados y azucarados en Colombia, han surgido cuatro proyectos de ley en el Congreso que buscan eliminarlos, lo que evidencia el fuerte pulso político y económico en torno a esta regulación. De acuerdo con la organización Red Papaz, los recurrentes ataques a estas medidas impositivas provienen de presiones corporativas, argumentos económicos de la industria y coyunturas políticas estratégicas, especialmente al inicio de nuevas legislaturas, que son aprovechadas para intentar frenar o derogar regulaciones que afectan sus intereses.
La campaña de Red Papaz por una alimentación saludable inició en 2017, enfocándose en concientizar sobre los riesgos de los ultraprocesados. La primera política concreta fue el etiquetado frontal de advertencia, aprobada en 2021 e implementada plenamente en 2024. En cuanto al impuesto saludable, creado en la reforma tributaria de 2022, la aplicación empezó con una tasa del 10% en noviembre de 2023 y escalará al 20% en 2025, en un modelo progresivo pensado para adaptarse gradualmente.
Quienes se oponen al impuesto sostienen que su implementación ha encarecido la cesta básica, afectando a los hogares más pobres. Sin embargo, como señala Red Papaz, este argumento es parcial, ya que la mayoría de alimentos frescos y de primera necesidad están exentos y el gravamen recae solo sobre productos ultraprocesados. Consultas como la Encuesta de Calidad de Vida han mostrado que tras el impuesto disminuyó el consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados, en particular entre los estratos bajos, quienes, según estudios científicos internacionales, son más sensibles a los cambios de precio y, por ende, obtienen mejores beneficios sanitarios y económicos al reducir el consumo de esos productos.
Los proyectos para eliminar el impuesto han sido impulsados principalmente por congresistas del partido Conservador y del partido Centro Democrático, como los hermanos Barguil y varios miembros que han recibido financiamiento de la industria. Según fuentes citadas en el medio digital "Vorágine" y confirmadas por Red Papaz, el lobby de las empresas de alimentos ultraprocesados, a menudo realizado a través de gremios, influye en las decisiones legislativas, priorizando intereses comerciales sobre el bienestar general.
La evidencia internacional muestra que los impuestos saludables han resultado efectivos en al menos 21 países, generando reducciones significativas en el consumo de productos gravados y proyectando beneficios de salud pública a largo plazo. El debate en Colombia se enmarca no solo en una cuestión económica, sino también en una discusión ética: ¿deben los sectores vulnerables resignarse al consumo de productos de bajo valor nutricional porque estos sean accesibles, o se deben priorizar políticas que garanticen alimentación real y saludable?
¿Por qué los impuestos a ultraprocesados pueden beneficiar más a la población vulnerable?
Los estudios citados por Red Papaz indican que los hogares de menores ingresos son los que responden con mayor reducción de consumo cuando suben los precios, lo que disminuye la prevalencia de enfermedades como diabetes e hipertensión, así como el gasto en salud. Por lo tanto, aunque el impuesto encarece ciertos productos, los beneficios sanitarios y económicos a largo plazo son mayores para estas poblaciones.
¿Cuál es el argumento de los congresistas que buscan eliminar el impuesto saludable en Colombia?
Congresistas del partido Conservador y Centro Democrático argumentan que eliminar el impuesto aliviaría la carga económica de los hogares vulnerables, ya que los productos gravados serían fuente principal de cereales y proteínas. Sin embargo, como advierte Red Papaz, este enfoque ignora los daños que producen estos alimentos en la salud y perpetúa entornos alimentarios desequilibrados. La posición de la organización es que la prioridad debe ser hacer accesibles alimentos frescos, no debilitar impuestos a productos nocivos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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