Nuevo impuesto amenaza becas y acceso a universidades privadas: alerta por golpe fiscal al sector educativo

El Decreto 0173 de 2026, emitido durante la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro, ha introducido un nuevo impuesto al patrimonio para las personas jurídicas en Colombia. Este gravamen incluye a las instituciones de educación superior privadas entre los sujetos responsables, lo que ha suscitado una profunda preocupación en el sector académico. Según un comunicado de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), esta medida fiscal representa una amenaza significativa para los fondos dedicados actualmente a becas y programas que facilitan la permanencia estudiantil en la educación superior privada.

La Ascun subraya que las universidades privadas cumplirían con una carga impositiva aproximada de 135.000 millones de pesos como consecuencia directa de esta disposición. Esta cifra, sostiene la asociación, equivale al financiamiento de cerca de 15.000 cupos de educación superior, además de miles de becas dirigidas especialmente a estudiantes provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables. Este impacto económico, recalca Ascun, produciría una disminución inmediata de los recursos disponibles para fomentar la equidad y el acceso a la educación superior en Colombia.

De acuerdo con Ascun, entre 75 y 80 instituciones de educación superior privadas se verían afectadas por el nuevo impuesto al patrimonio. Las universidades explican que su patrimonio, más allá de acumularse como una reserva financiera, está destinado a sostener importantes subsidios internos y brindar alivios económicos a estudiantes. Por lo tanto, gravar estos recursos implicaría reducir sensiblemente la capacidad de las instituciones para cumplir su función social y educativa, tal como lo establece la razón de ser de estas organizaciones.

Más allá de los programas de becas y apoyo estudiantil, la medida fiscal también amenaza la continuidad de proyectos de investigación, innovación y desarrollo científico que dependen de inversiones a largo plazo. Al recaer el impuesto sobre bienes fundamentales como laboratorios, bibliotecas o hospitales universitarios, se pone en riesgo la infraestructura necesaria para el avance académico y científico desde las universidades privadas colombianas.

Ante este panorama, Ascun ha planteado opciones alternativas en su comunicado, como la exclusión de las instituciones privadas sin ánimo de lucro del alcance del nuevo impuesto. La asociación argumenta que al estar cobijadas por el Régimen Tributario Especial y reinvertir sus excedentes en propósitos académicos e investigativos, estas universidades no deberían equipararse, a efectos tributarios, con empresas comerciales cuya finalidad es la distribución de utilidades.

Por ello, desde la Ascun se ha solicitado la apertura de espacios de diálogo con el Gobierno Nacional, para analizar con mayor profundidad los efectos de la medida y buscar soluciones que resguarden tanto la estabilidad del sector educativo como el aporte del talento humano al país. Asimismo, se recuerda que, según los artículos 67 y 69 de la Constitución Política, la educación superior debe ser considerada un servicio público con una función social relevante, lo que exige un tratamiento diferenciado en materia de gravámenes sobre el patrimonio institucional.

Ascun concluye remarcando la necesidad de fortalecer el sistema de educación superior colombiano, manteniendo un modelo mixto, sostenible y orientado a largo plazo para ampliar oportunidades educativas y contribuir al desarrollo nacional.

¿Qué significa el Régimen Tributario Especial para las universidades privadas?

El Régimen Tributario Especial es una figura legal de la normativa fiscal colombiana que reconoce a ciertas entidades sin ánimo de lucro, como las universidades privadas, un tratamiento diferenciado respecto al pago de impuestos. Según lo expresado por Ascun en el comunicado, este régimen permite que los excedentes obtenidos en el ejercicio de las actividades académicas sean reinvertidos en la propia misión de la universidad, orientada a la docencia, investigación y proyección social, y no se destinan a la distribución de utilidades entre socios o accionistas, como sucede en el sector empresarial.

La distinción es esencial porque gravar a estas instituciones bajo los mismos parámetros de empresas comerciales podría desincentivar la reinversión, reducir los recursos destinados a becas o investigación y, en últimas, comprometer los objetivos sociales y académicos de las universidades. Por eso, la propuesta de la Ascun busca preservar un trato tributario acorde a la misión educativa y social de estas entidades.