El Gobierno no es amigo de suspender el pago de arriendos, según ministro de Vivienda

Jonathan Malagón afirmó que aunque esta medida ya se aplicó en otros países, en Colombia arreglaría un problema, pero crearía otro, incluso, igual de grande.

El jefe de la cartera de Vivienda dijo en Vicky en Semana que pagarles los arriendos a las familias vulnerables del país podría tener un costo de alrededor de 3 billones de pesos, y esto, según él, se le quitaría gran parte de recursos al presupuesto que hay destinado para combatir el coronavirus. “Es beneficiar a los arrendatarios, pero perjudicar a los arrendadores”.

El ministro mencionó en el medio que aparte de esta, hay otras posibilidades para mitigar el impacto en los bolsillos de estas personas en medio de la crisis económica que viven a consecuencia del COVID-19, como permitir y facilitar que los arrendatarios y arrendadores lleguen a acuerdos de forma privada y así puedan conciliar sobre el pago.

“Cuando uno revisa lo que han hecho los países en todo el mundo, casi todos se han ido por el primero de los caminos que es facilitar un acuerdo entre los privados. Argentina y Venezuela son los únicos países de la región que han suspendido el pago de arriendos, son muy pocos los que tienen la capacidad fiscal para decir que el van a asumir en el entretanto el pago”, destacó Malagón en Semana.

El funcionario hizo énfasis en el informativo que hacer un desalojo de una familia en el marco de la coyuntura por el coronavirus en el país es ilegal, si no se cuenta con un fallo judicial.

“Si el contrato es formal o no es formal, el desalojo solamente se puede hacer con una medida judicial de por medio. De aquí al 12 de abril, por lo menos, no se puede desalojar ninguna familia de Colombia. Lo que pasó con esa familia de Bogotá fue abiertamente ilegal, abiertamente ilegal. No se puede hacer un desalojo”, concluyó el ministro de Vivienda en Semana.