Gobierno salió a desmentir reforma a servicios públicos que circuló: no es la versión final

Esta semana se filtró un documento -que sería el texto borrador- del proyecto de ley que busca una reforma de fondo a los servicios públicos en Colombia por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro; no obstante, el Ministerio de Minas y Energía dice que esa versión no es la oficial.

“Informamos a la opinión pública que avanzamos en la construcción de un proyecto de ley de servicios públicos desde el diálogo y la participación de la sociedad civil para asegurar la presentación de un documento que cumpla con las necesidades y demandas actuales para Colombia”, precisó el Ministerio de Minas y Energía.

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Y agregó que “en este sentido, a la fecha, cualquier documento que sea divulgado públicamente no constituye la versión final que radicaremos ante el órgano legislativo”.

De acuerdo con el Ministerio, que habló del Fenómeno de El Niño, en la actualidad, las entidades competentes en diseñar la reforma a servicios públicos están trabajando de manera articulada en un documento borrador que, se espera, se pueda poner a disposición del público en las próximas semanas.

“En este sentido, una vez publicado el proyecto de ley, instamos a abrir un debate entre todos los sectores de la sociedad con el fin de avanzar hacia un modelo de servicios públicos moderno y eficiente”, manifestó la entidad.

Para esto, indicó el Ministerio, que anunció el que recibo de luz no subirá, se habilitarán canales de socialización y recepción de propuestas que permitan recoger los aportes de los usuarios, las empresas, la academia y demás sectores interesados.

“Reiteramos que se han dado a conocer versiones antiguas del texto e invitamos a estar atentos a la publicación del borrador consolidado en las próximas semanas por nuestros canales oficiales”, concluyó la cartera.

Hay que decir que este anuncio llega en un momento en el que la industria de servicios públicos en Colombia está preocupada por la falta de garantías, competitividad, confiabilidad y otros elementos que permitirían un óptimo desarrollo del sector.

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Incluso, gremios económicos y empresariales como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) han mostrado los puntos que más preocupan de la reforma.

Empresas lanzan alerta por reforma a servicios públicos que alista el Gobierno Petro

Después de haberse conocido públicamente el borrador del proyecto de reforma a la Ley de Servicios públicos, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, aseguró que el texto es señal de intervención estatal para privilegiar lo público, lo cual perjudica el modelo actual cuyo éxito principal ha radicado en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas.

“Se estaba avanzando en una posible construcción de manera concertada del proyecto de reforma a la ley de servicios públicos, pero, al ser conocida la más reciente versión de este texto, se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado”, manifestó Camilo Sánchez.

“Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, aseguró Sánchez Ortega.

El dirigente gremial señaló algunos de los aspectos principales de este borrador de reforma que serían perjudiciales para la prestación de servicios públicos en Colombia:

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Preocupa que, entre los principios rectores -que representan la brújula para la prestación de servicios públicos-, no se incluyen algunos que han sido esenciales para el desarrollo y el mejoramiento de los indicadores de la cobertura y la calidad de los servicios, como el de libertad de entrada y el de suficiencia financiera.

Las atribuciones que se le conceden al presidente de la República, quien fue criticado por Miguel Uribe, como directo regulador ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político.

Además esta medida es contraria a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de Estado que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del presidente. “Esta discusión parecía tema superado debido a que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y solo le falta nombrar algunos miembros en propiedad”, enfatizó el líder gremial.

Facultades exorbitantes al Superintendente de Servicios públicos incluyendo el ejercicio de funciones jurisdiccionales con un poder absoluto y sancionador incluyendo multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios.

Se plantea el tema de mínimos vitales en todos los servicios, incluyendo las TIC, sin precisar con claridad las nuevas fuentes de financiación que lo faciliten; en estos momentos de estrechez fiscal y de decrecimiento económico no hay un espacio de recursos que puedan soportar esta nueva situación y por el contrario se aumentaría el déficit a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la suficiencia financiera de las empresas.

Como se ha insistido anteriormente, las TIC, por sus características de prestación, las particularidades y especialidad requeridas tanto en lo regulatorio como en lo técnico, sus entidades de regulación y vigilancia, las reglas de competencias a las cuales están sujetas, entre otras, no deben estar incluidas, en ningún caso, en la posible modificación a la ley 142 de 1994 dado que existen ya normas específicas que regulan la prestación de estos servicios y allí es donde se deben hacer las modificaciones que correspondan.

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Este sector tiene elementos como los de neutralidad de red, asignación del espectro, individualización de los usuarios y no tienen subsidios, quedando claro que es un sector totalmente diferente a los servicios públicos domiciliarios; es decir, “mezclar peras con manzanas”.

“Por un problema coyuntural de tarifas no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años. No hay que olvidar que Colombia es ejemplo en cobertura y calidad de Servicios Públicos en Latinoamérica. Lo que funciona no se destruye, se mejora y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo, generando caos e incertidumbre, perdiendo además el foco que en este momento debe ser lograr pasar el Fenómeno de El Niño con éxito”, señaló.