Gobierno elimina millonaria prima de los congresistas: así cambiarán sus salarios desde 2026 en Colombia

Economía
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Eliminan la prima especial del Congreso: descubre cuándo nació, cuánto representaba y cómo cambiará su salario.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 0030 el 19 de enero de 2026, una norma que marca un cambio relevante en la política salarial pública. A través de este decreto se deroga expresamente la disposición anterior, el Decreto 2170 de 2013, y con ello, queda eliminada la llamada prima especial que integraba los ingresos de los miembros del Congreso de la República. Esta prima representaba un suplemento económico mensual que los parlamentarios sumaban a su salario, configurando parte esencial de su paquete de beneficios.

Según información detallada por Crónica del Quindío, la prima especial fue instaurada en 2013 tras la supresión de otras primas relacionadas con salud, localización y vivienda, que habían sido anuladas mediante decisiones judiciales. Así, el objetivo inicial era compensar dichas pérdidas y mantener el nivel de ingresos de senadores y representantes. El valor de esta prima, al momento de su creación, se situaba en $7.898.445 pesos cada mes, con la particularidad de que se reajustaba anualmente conforme al incremento de la asignación básica de los congresistas.

Con el paso del tiempo, estos ajustes condujeron a que la prima sobrepasara los $15 millones mensuales, un monto que ocasionó cuestionamientos tanto en la opinión pública como en reportes de prensa y documentos oficiales. La supresión de este beneficio, entonces, representa una reducción significativa en los ingresos de los legisladores colombianos.

El Gobierno sustentó la decisión en la necesidad de alinear la remuneración de los funcionarios públicos, incluidos los congresistas, con principios de equidad y sostenibilidad fiscal, es decir, buscando un trato más equilibrado entre trabajadores del Estado y respetando las posibilidades reales de financiamiento público. El decreto remarca que la autoridad competente actuó dentro de sus facultades constitucionales y legales al establecer esta medida, invalidando cualquier disposición contraria a la nueva norma.

El impacto de la medida es directo: la prima especial dejará de ser parte del salario de los congresistas tan pronto asuman sus funciones los nuevos parlamentarios a partir del 20 de julio de 2026. Desde ese momento, la disposición tendrá efectos fiscales plenos, pues los salarios reflejarán esta reducción. Defensores de la eliminación sostienen, como recoge Crónica del Quindío, que se atenúa así la brecha salarial existente entre los miembros del Congreso y la población general, contribuyendo a una percepción de mayor equidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Al contrario, voces críticas señalan que la disminución puede afectar la capacidad adquisitiva de quienes desempeñen estos altos cargos públicos.

Finalmente, el Decreto 0030 lleva las firmas del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán Beltrán, reforzando su carácter oficial y ordenando su publicación para efectos generales en toda Colombia.

¿Cuándo fue implementada originalmente la prima especial para los congresistas?

La pregunta sobre el origen de la prima especial para los legisladores colombianos surge a raíz del debate sobre la pertinencia y justificación de esta remuneración adicional en el sector público. Entender el contexto de su creación permite analizar cómo evoluciona la política salarial del Estado y cuáles han sido las razones legales y sociales para modificarla a lo largo del tiempo.

De acuerdo con datos del artículo de Crónica del Quindío, la prima especial comenzó a aplicarse desde 2013, mediante el Decreto 2170 de ese año, con el fin de suplir otras primas eliminadas tras fallos judiciales. La decisión de instaurarla y luego suprimirla refleja la naturaleza cambiante de los beneficios salariales oficiales y la influencia de decisiones tanto jurídicas como económicas en la estructura de la función pública.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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