Antioquia desafía al Gobierno: no aplicará reforma tributaria del decreto de emergencia económica

La disputa entre el Gobierno Nacional de Colombia y las autoridades regionales alcanzó un nuevo nivel, luego de que la Gobernación de Antioquia comunicara que no adoptará las disposiciones tributarias establecidas en el reciente decreto de emergencia económica expedido por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con información de EL COLOMBIANO, la administración departamental argumenta que estas medidas serían inconstitucionales y pondrían en riesgo la autonomía fiscal que la Constitución Política de Colombia otorga a los departamentos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue enfático al declarar que “vamos a inaplicar el decreto en el componente tributario de la emergencia económica por considerarlo inconstitucional”. En su análisis, el impacto más grave recaería sobre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), entidad catalogada como una de las principales fuentes de ingresos para este departamento. Según estimaciones conocidas por EL COLOMBIANO, la FLA podría enfrentar pérdidas aproximadas de $40.000 millones si se llegan a implementar los cambios tributarios propuestos por el Gobierno Nacional.

Para justificar esta postura, el mandatario explicó que Antioquia ejercerá la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Esta herramienta jurídica ampara a las autoridades cuando consideran que existe un riesgo de daño irreversible para los intereses públicos, derivado de la aplicación de una norma que presuntamente contraviene los principios constitucionales. Rendón subrayó que “la Constitución es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de la Carta Magna”, reiterando así la posición de defensa del orden constitucional sobre las decisiones administrativas.

La administración departamental sostiene que la entrada en vigencia inmediata de la reforma tributaria incluida en el decreto implicaría un golpe desproporcionado a las finanzas de Antioquia. En este sentido, han decidido esperar a que la Corte Constitucional—el máximo tribunal colombiano encargado de velar por la supremacía de la Constitución—realice el estudio de constitucionalidad correspondiente antes de acatar cualquier cambio en materia tributaria.

El panorama ha generado incertidumbre sobre el futuro de sectores estratégicos regionales, especialmente para la FLA y los operadores de bebidas alcohólicas, ya que la eventual entrada en vigor de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% supondría un alza significativa en los precios de productos como whisky, ron y aguardiente. Mientras tanto, la controversia evidencia la persistente tensión entre la administración central y las entidades regionales frente a las facultades normativas en escenarios excepcionales como el decretado actualmente.

¿Qué implica la excepción de inconstitucionalidad y cuándo puede aplicarse?
La figura de la excepción de inconstitucionalidad está contemplada en el marco jurídico colombiano para situaciones en que una disposición legal o administrativa contradice, según el juicio de la autoridad competente, los postulados de la Constitución. Su uso permite suspender la aplicación de la medida considerada inconstitucional hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo. Esta herramienta cobra particular relevancia en contextos de emergencia económica, donde las decisiones deben equilibrar el respeto al orden constitucional con la necesidad de respuestas urgentes y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno. ¿Hasta qué punto este mecanismo puede afectar la gobernabilidad y la coherencia de las políticas públicas en Colombia?