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Las alzas de las tarifas de energía en estratos 4, 5 y 6 no se limitarían solamente a esos grupos. Los demás ciudadanos también podrían verse impactados.
En los últimos días, el Gobierno Nacional informó que se subirán los precios de la energía en los hogares de estrato 4, 5 y 6. Esto supuestamente irá a un fondo de ayuda para los hogares en La Guajira (zona donde casi no hay energía).
Sin embargo, la situación podría ser más delicada de lo que parece y para financiar esa ayuda se necesitaría más dinero.
(Vea también: Cambio en servicio público beneficiaría a miles de colombianos; muchos no lo tienen).
Diversos analistas, citados por El Tiempo, indican que para recoger más plata el Congreso debería aprobar alzas a los estratos 1, 2 y 3.
Explican que la situación de La Guajira es paradójica. Allí hay un gran proyecto de energía eólica, pero este no se ha podido terminar por diferentes factores. Ellos señalan que si el proyecto no arranca pronto, la energía se pondrá cara para todos en el país, sin importar el estrato.
Algunos expertos resaltan que es irónico que el Gobierno suba el precio de los servicios públicos porque algunas empresas privadas (o públicas también) no han cumplido con sus funciones en zonas vulnerables como La Guajira.
“Esto es para salvar a unas empresas públicas y privadas que se ganaron la ejecución de unos proyectos y que hasta la fecha han sido incumplidos“, dijo a ese diario Carmenza Chahín, consultora y exdirectora de la Creg.
El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro estipula elevar los precios de la energía en estos estratos para dar un “aporte a La Guajira” lo más pronto posible.
“Aporte al departamento de La Guajira por valor de mil (1.000) pesos colombianos (COP) por factura, cuyo pago será obligatorio para los usuarios de estratos 4, 5 Y 6. Y por un valor de cinco mil (5.000) pesos colombianos (COP) por factura, cuyo pago será obligatorio para los usuarios comerciales e industriales“, detalla el decreto firmado por el mandatario.
Los fondos recogidos serán administrados por el Ministerio de Minas, concluyó el controversial decreto presidencial.
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