Escuelas de conducción se metieron en problema por oscura práctica que se haría mucho

La Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión preventiva de 23 centros de enseñanza automovilística (CEA) al detectar que, presuntamente, habrían cargado información de clases impartidas por instructores que ya habían fallecido.

Por tales circunstancias se iniciaron investigaciones administrativas ordenando como medida preventiva la suspensión de su registro ante el Runt.

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La medida de suspensión preventiva implica que estos no podrán admitir ni registrar nuevos estudiantes. No obstante, para proteger a los usuarios que se encuentran tomando el curso a la fecha de imposición de la medida, los CEA deberán garantizarles que culminen la capacitación, lo cual no podrá exceder de 90 días.

Para la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, la función que cumplen los Centros de Enseñanza Automovilística es fundamental para proteger la vida, pues tienen en sus manos la capacitación y certificación de los conductores que se movilizan y que van a movilizarnos por las vías.

“Cuando existe ilegalidad en su actividad se pone en riesgo la integridad de las personas y por eso debemos ejercer de manera rigurosa nuestras funciones de inspección, vigilancia y control sobre estos organismos de apoyo al tránsito. Con el proceso de transformación digital en el que se encuentra inmerso la Superintendencia, buscamos fortalecer la transparencia en los procesos a cargo de estos entes”, señaló Ospina.

Desde finales de 2022 se han sancionado en Colombia a 110 centros de enseñanza. En la actualidad hay 152 investigaciones en curso y 350 actuaciones preliminares por presuntos incumplimientos de las normas aplicables a su actividad.

Las conductas más recurrentes han sido expedir certificados sin la comparecencia de aprendices, alterar o modificar la información reportada ante el Runt y no suministrar la información requerida por SuperTransporte.

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Una de las conductas más graves detectadas es el reporte de las clases ante el Runt sin haber sido efectivamente dictadas, incurriendo tanto los CEA, como los instructores y aprendices, no solo en una presunta violación de las normas que regulan la materia, sino en posibles conductas penales por suplantación y/o fraude.