Multan a Enel Colombia con $2.847 millones por encarecer energía: así afectó el bolsillo de los usuarios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una multa de $2.847 millones a Enel Colombia S.A. E.S.P., tras hallar irregularidades significativas en las ofertas de precios presentadas por la empresa en la Bolsa de Energía, situación que terminó afectando el costo del servicio para los usuarios finales. La sanción se derivó de un proceso administrativo riguroso, donde se estableció que la conducta identificada tuvo repercusiones directas sobre el sistema eléctrico nacional. Uno de los principales hallazgos indicó que el embalse de Betania, bajo la operación de Enel, a pesar de tener altos niveles de almacenamiento y suficiente capacidad de producción, quedó excluido del llamado despacho económico. Este hecho obligó a cubrir la demanda con plantas generadoras de energía térmica, cuyas operaciones son considerablemente más costosas.

De acuerdo con la Superintendencia, esta situación produjo que el precio de la energía en la Bolsa se encareciera respecto a un escenario donde las plantas hubieran operado en condiciones óptimas de eficiencia. Las simulaciones solicitadas a XM —empresa encargada de la administración del mercado eléctrico— demostraron que, si la Central Hidroeléctrica Betania hubiese ofertado precios acordes con su realidad operativa, el costo de la energía en la Bolsa habría sido notablemente más bajo durante los periodos evaluados.

El informe técnico de la investigación mostró que las ofertas de la central Betania no reflejaron sus verdaderos costos variables. Aunque el embalse operó con niveles casi máximos de almacenamiento e incluso realizó vertimientos de agua, las ofertas de precio suministradas al mercado eran similares a las de plantas térmicas, cuyas estructuras de costos son superiores. Por tanto, según la autoridad, los precios ofertados por Betania debieron ser menores y propiciar su inclusión prioritaria en el despacho diario.

La Superintendencia concluyó que este comportamiento alteró el orden de mérito, desplazando a la hidroeléctrica y facilitando la entrada de generadores con mayores costos, lo que contraviene el principio de menor costo que rige la prestación del servicio en el sector energético. Además, el actuar de Enel distorsionó las señales de precio en el Mercado de Energía Mayorista, generando costos más altos en el sistema y afectando las condiciones de competencia entre los agentes involucrados.

El superintendente Felipe Durán Carrón afirmó que esta sanción busca asegurar que las ofertas de energía respondan fielmente a la disponibilidad real de los recursos de los generadores, haciendo especial énfasis en el aprovechamiento adecuado del recurso hídrico, sobre todo en contextos de alta disponibilidad. El proceso de inspección y vigilancia continuará, orientado a que los agentes ajusten sus prácticas y contribuyan a la eficiencia y transparencia del sector.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a los generadores para que sus ofertas se fundamenten exclusivamente en los costos reales, con el objetivo de evitar distorsiones y proteger al usuario. Asimismo, se destacó que las acciones de supervisión están alineadas con la visión del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en ubicar al usuario en el centro de las políticas de control del sector.

¿Por qué es importante el principio de menor costo en la prestación del servicio de energía?

El interés por el principio de menor costo radica en la premisa de que los usuarios finales deben acceder a un servicio eficiente y a precios justos, evitando sobrecostos innecesarios que perjudiquen su economía. En el contexto regulatorio colombiano, este principio busca que la operación diaria del sistema eléctrico priorice las alternativas más económicas disponibles sin comprometer la seguridad o calidad del suministro.

Dentro del sector energético, el cumplimiento de este principio fomenta la competencia y promueve la transparencia, al obligar a todos los agentes del mercado —en especial los generadores— a estructurar sus ofertas a partir de los costos efectivos de operación. El desconocimiento de este estándar puede generar incrementos injustificados en los precios de la energía, impactando negativamente tanto el mercado como a la ciudadanía.