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El plazo aplica para las grandes de sectores TIC, industrial, farmacéutico, constructor y minero-energético.
Exactamente, lo que deben hacer es implementar “programas de ética empresarial para prevenir el delito de soborno transnacional”, explica la Superintendencia de Sociedades, que estará a cargo de la vigilancia de la puesta en marcha de los planes.
Las empresas a las que les aplica el plazo (31 de marzo) son:
“Las sanciones para las empresas que sean condenadas por soborno transnacional pueden llegar a los 200.000 salarios mínimos y conducir a la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años”, dice la Superintendencia de Sociedades.
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