Empresarios en alerta: advierten riesgos de declarar emergencia económica y subir el 4x1000 en Colombia

Una creciente preocupación circula entre los principales gremios empresariales del país ante la posibilidad de que el Gobierno recurra a la declaratoria de Emergencia Económica como salida a las actuales dificultades presupuestales. En una carta oficial dirigida a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, la alianza que agrupa a diversos gremios, Aliadas, subrayó su inquietud sobre la legalidad y pertinencia de este mecanismo extraordinario. Según su punto de vista, la situación fiscal que enfrenta Colombia para financiar el Presupuesto Nacional de 2026 no constituye un evento imprevisible, sino un problema perfectamente anticipable que debe ser resuelto mediante los canales democráticos y ordinarios. Esta postura, firmada por María Claudia Lacouture, hace énfasis en la necesidad de atenerse a los procedimientos establecidos en la Constitución.

Aliadas expone que, contrario a lo que sugeriría el Ejecutivo, la falta de aprobación de una ley de financiamiento en el Congreso forma parte de la dinámica democrática y no corresponde a un choque extraordinario capaz de justificar la entrega de poderes excepcionales. Argumentan que el planteamiento "ley o abismo" resulta en un falso dilema, dado que la carta magna exige un análisis técnico y prudente. Entretanto, mencionan que existen otras rutas posibles, como la reorganización del gasto público, opción que no ha sido suficientemente explorada por el Gobierno. Esta interpretación evidencia el clima de desconfianza y alerta que predomina actualmente en el sector productivo respecto a la conducción fiscal.

El borrador del controvertido decreto se encuentra en el centro del debate. Las medidas propuestas incluyen ampliar el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, incrementar, temporalmente, el recaudo del impuesto 4x1000, e incluir gravámenes adicionales a juegos de azar en línea y a hidrocarburos. Según la carta divulgada por Aliadas, estas iniciativas podrían someter a los empresarios a dificultades importantes, como una presión creciente sobre la liquidez, mayores costos operativos y, sobre todo, un aumento de la incertidumbre regulatoria. Desde su perspectiva, esto pondría en riesgo seriamente tanto las inversiones como la estabilidad de los empleos formales en el país.

La reacción gremial no se limita a la argumentación jurídica. Aliadas ha solicitado a la Corte Constitucional que, de ser emitido el decreto de emergencia, el tribunal priorice de inmediato su revisión de constitucionalidad, aún en periodos de vacancia judicial. Esta petición se fundamenta en el principio de que los mecanismos de excepción solo pueden emplearse frente a situaciones claramente extraordinarias y nunca como respuesta a dificultades crónicas resultantes de políticas de gasto o endeudamiento previas.

La misiva concluye con un firme llamado al respeto de los procesos regulares de gestión y administración tributaria. Los empresarios sostienen que la emergencia económica es un recurso de última instancia, aplicable únicamente cuando se demuestra que las herramientas de la institucionalidad ordinaria han sido superadas, situación que, aseguran, no ha sido debidamente justificada por el Ejecutivo. Para el sector empresarial, todavía hay margen suficiente para optimizar la gestión fiscal sin recurrir a medidas excepcionales que puedan alterar el orden constitucional ni introducir tributos de manera urgente.

¿En qué consiste el impuesto 4x1000?

El impuesto denominado 4x1000 es un gravamen financiero temporal adoptado en el país que consiste en cobrar cuatro pesos por cada mil que se mueven a través de transacciones bancarias. En el contexto de la carta de Aliadas y el posible decreto de emergencia, el Gobierno contempla aumentar transitoriamente dicho impuesto como parte de las estrategias para obtener recursos y compensar el déficit fiscal previsto para el año 2026.

Este impuesto ha sido objeto de debate en diferentes ocasiones, pues incide directamente sobre la liquidez de personas y empresas al encarecer la realización de operaciones bancarias habituales. Por esta razón, su eventual incremento genera inquietudes sobre el posible impacto en los costos operativos y, en última instancia, en el desempeño económico general del país.