¿Emergencia o atajo? El tenso pulso entre la Corte y Petro por los decretos y el bolsillo de los colombianos

La reciente expedición del decreto de emergencia económica por parte del gobierno de Gustavo Petro ha sumido al país en un intenso debate jurídico, político e institucional. Según el reporte de El Colombiano, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, citó a todos los magistrados a una reunión extraordinaria el pasado 23 de diciembre para analizar la constitucionalidad de este decreto, aun cuando la Corte se encontraba en su receso anual. El contexto inmediato revela que el gobierno actuó tras el fracaso en el Congreso de la reforma tributaria, con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos. Petro, según el análisis del medio, optó por recurrir a una figura de excepción para avanzar sus propósitos fiscales, en un aparente mensaje de que la negativa del Legislativo no detendría sus planes.

La convocatoria de Ibáñez movilizó a los nueve magistrados, aunque dos de ellos —Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ambos con estrechos vínculos con el presidente Petro— señalaron que la reunión solo podía considerarse informal debido a la vacancia judicial establecida por ley entre el 20 de diciembre y el 10 de enero. Este matiz técnico fue clave para que la discusión sobre la validez del decreto no pudiera resolverse de inmediato, manteniendo así sus efectos durante el receso. La controversia se agrava al recordar que históricamente la Corte ha esperado el final de las vacaciones para iniciar el análisis de estos decretos, como sucedió durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El regreso formal de la Corte fue el 13 de enero, cuando se repartieron los dos decretos a los magistrados ponentes, Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés. Ante la inminencia de decisiones que impactan al bolsillo de los colombianos, Ibáñez solicitó la suspensión temporal de los efectos del decreto mientras se estudia su validez, para evitar que los ciudadanos paguen tributos que posteriormente puedan carecer de sustento legal si la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma. La experiencia de la emergencia económica decretada en 2023 para La Guajira refuerza estos temores, cuando tras la anulación de los decretos, fue necesario devolver dineros a los usuarios, en un proceso complejo y poco transparente.

En la coyuntura del nuevo decreto, la Dian reportó que gracias a estas medidas recaudó, solo entre el 1 y el 16 de enero, cerca de 250.000 millones de pesos por beneficios tributarios, y ya se aplica un impuesto al consumo de 19% sobre los licores vendidos en el país. El debate entonces no es solo protocolario, pues cada día de vigencia tiene impactos económicos tangibles e irreversibles. Pero el principal dilema no es solo de contenido, sino de forma: ¿puede un gobierno transformar una derrota legislativa en una emergencia que le permite gobernar por decreto?

Las voces críticas, amparadas en fuentes recogidas por El Colombiano, sostienen que no existe un hecho sobreviniente real que justifique el uso de esta excepcionalidad, porque la posibilidad constitucional de ajustar el presupuesto ordinariamente no fue agotada. Además, advierten que validar esto desnaturalizaría el equilibrio de poderes y erosionaría el papel del Congreso. Aunque se prevé que la mayoría de la Sala Plena podría tumbar el decreto en su fallo de fondo —seis magistrados serían críticos frente a la declaración de emergencia—, la jurisprudencia vigente desde 1994 impide a la Corte suspender provisionalmente los efectos de un decreto dictado en estado de excepción. Por tanto, en la práctica, los tributos seguirán recaudándose hasta que se tome una decisión definitiva, posiblemente a inicios de marzo.

Bajo este panorama, se observa cómo la Corte avanza en las etapas procesales: asignación del expediente, apertura de pruebas, periodo para intervenciones ciudadanas, concepto del Procurador y, finalmente, deliberación y votación en la Sala Plena. Esta discusión sienta precedente sobre el alcance del Ejecutivo para sustituir procedimientos ordinarios con medidas excepcionales, tensionando la balanza institucional de Colombia. La pregunta central sigue abierta: ¿hasta qué punto puede el Estado ampararse en emergencias para eludir los mecanismos formales del control democrático?

¿Qué consecuencias puede tener para la ciudadanía la declaratoria de una emergencia económica sin hechos sobrevinientes claros?
El interrogante sobre las implicaciones ciudadanas de decretar una emergencia económica sin fundamento sólido resulta esencial, pues afecta directamente el bolsillo y la confianza en las instituciones. Según lo ocurrido en el pasado —como en el caso de La Guajira referenciado por El Colombiano—, cuando una medida de este tipo es anulada tras haber surtido efecto, los mecanismos para restituir los recursos cobrados resultan engorrosos, poco efectivos y generan incertidumbre en la población.
Este escenario evidencia la importancia de que los decretos de estado de excepción respondan a hechos verdaderamente extraordinarios y no a simples dificultades políticas, ya que sus efectos, aunque reversibles en teoría, en la práctica suelen dejar huellas duraderas en la economía y la credibilidad institucional.