Emergencia económica en Colombia: ¿qué está en juego y cómo impactarán los nuevos impuestos?

El anuncio de una posible declaratoria de emergencia económica en Colombia ha movilizado a los principales actores institucionales del país. A pesar de que la Corte Constitucional se encuentra en periodo de vacancia judicial desde el viernes anterior, surgieron movimientos en el alto tribunal ante la inminencia del decreto presidencial. De acuerdo con fuentes consultadas por varios magistrados, se analiza la opción de convocar próximamente una sala plena extraordinaria, siempre y cuando el mandatario Gustavo Petro expida la medida. Esta acción buscaría iniciar el control constitucional de la declaratoria y de los decretos que de ella se deriven.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ratificó que el presidente tomó la determinación de declarar la emergencia económica, figura que otorga al Ejecutivo facultades excepcionales. Así, el Gobierno podría emitir decretos con fuerza de ley, entre ellos aquellos que crean o modifican impuestos sin el trámite habitual ante el Congreso. El objetivo central de esta decisión, según lo manifestado por el Ministerio de Hacienda y sostenido por Ávila, es subsanar el déficit de 16,3 billones de pesos contemplados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2026. La justificación principal reside en acontecimientos imprevistos, como la aprobación por el Congreso de un presupuesto sustentado en una norma tributaria que, finalmente, fue negada—aunque, según Ávila, un escenario similar no tenía precedentes en tres décadas.

Dentro de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para respaldar la declaratoria, se encuentran la crisis financiera del sector salud, el riesgo de interrupción en subsidios energéticos para los estratos más bajos—con énfasis en su impacto en la Costa Atlántica—, y la obligación constitucional de atender compromisos de vigencias futuras equivalentes a cerca de 15 billones de pesos anuales. Adicionalmente, el Gobierno señala el eventual incumplimiento con pagos derivados de sentencias judiciales y amenazas a la seguridad nacional tras recientes hechos de violencia, entre ellos ataques contra la Fuerza Pública y el uso de drones por grupos armados.

En cuanto a la estrategia fiscal, el Ejecutivo contempla nuevas medidas impositivas: aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los juegos de azar digitales, modificaciones a los tributos sobre cervezas, licores y cigarrillos, incremento del denominado gravamen 4 x 1.000 a 5 x 1.000 y la instauración de un impuesto a la extracción de hidrocarburos. El punto de quiebre, mencionan fuentes oficiales, fue el archivo de la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado, lo que, afirman, dejó sin respaldo financiero al presupuesto de 2026, proyectado en 516 billones de pesos.

La expedición y ejecución del decreto de emergencia, así como de sus reglamentos, aún no se materializa; sin embargo, cualquier norma adoptada quedaría bajo control automático de la Corte Constitucional. Este proceso, sin embargo, podría verse demorado por la vacancia judicial. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el decreto ya fue suscrito por todos los ministros y que el Gobierno busca focalizar las nuevas medidas tributarias en los contribuyentes de mayores ingresos, esperando la oficialización en un corto plazo.

Pese a la urgencia que plantea el Ejecutivo, diferentes gremios expresaron que no se evidencia un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria, como lo estipula la Constitución. Así mismo, han destacado la incertidumbre que podrían causar estas medidas mientras se produce el control constitucional. Por tal motivo, han solicitado a la Corte que intervenga en cuanto se expida el decreto. En este sentido, Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia, subrayó que los ajustes tributarios por decreto estarán sujetos a un control estricto y no pueden reemplazar la reserva legal en materia tributaria, resaltando la posibilidad de cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

La Corte Constitucional, hasta el momento, se mantiene a la espera de la decisión formal del presidente, mientras el Gobierno ratifica su postura y diferentes sectores sociales y económicos se mantienen a la expectativa frente a la evolución de la situación.

¿Cómo funciona el control automático de constitucionalidad?

El debate sobre la emergencia económica en Colombia plantea la inquietud sobre el control automático de constitucionalidad, un mecanismo relevante en escenarios de otorgamiento de poderes excepcionales al Ejecutivo. Este control implica que, una vez expedidos los decretos bajo estados de excepción como la emergencia económica, la Corte Constitucional debe examinar su legalidad sin mediar solicitud de parte.

La relevancia de este control radica en su función de salvaguarda de los principios democráticos y el respeto a las competencias del Congreso en materia tributaria y legislativa. En contextos de posibles excesos del Ejecutivo, el control automático asegura que toda medida adoptada bajo el amparo de la emergencia cumpla con los límites impuestos por la Constitución y garantiza que no se vulneren derechos fundamentales ni el equilibrio de poderes del Estado.