Golpe a la transición energética: EDP Renewables demanda a Colombia por 600 millones tras cancelar megaproyectos eólicos

EDP Renewables, la filial española de la multinacional portuguesa EDP, emprendió un proceso de arbitraje internacional contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que opera bajo el amparo del Banco Mundial. La disputa, registrada el 10 de diciembre de 2025, comprende una demanda por 600 millones de dólares, cifra que representa la magnitud de los compromisos y expectativas frustradas con la cancelación de los proyectos eólicos Alpha y Beta, situados en La Guajira. De acuerdo con la compañía, el Estado colombiano incumplió lo establecido en el acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado con España en 2005, argumentando que la imposición de nuevas condiciones medioambientales y el aumento en la cantidad de comunidades indígenas con consulta previa obligatoria dificultaron el desarrollo de los proyectos, a tal punto que su rentabilidad y continuidad fueron impactadas de manera irreversible.

La entrada de EDPR a Colombia en 2019 representó una apuesta significativa por el despliegue de energías renovables en el país. Sus planes contemplaban la instalación de cerca de 500 megavatios de capacidad eólica, lo que habría permitido suministrar energía limpia a más de un millón de hogares colombianos. Los permisos iniciales se gestionaron ese mismo año y la empresa firmó acuerdos de suministro eléctrico a largo plazo, en el marco de una visión orientada a contribuir con la transición energética nacional y consolidar operaciones estables en el territorio.

Sin embargo, diversos factores obstaculizaron la ejecución de los proyectos. El inicio de la pandemia de COVID-19 retrasó los planes de construcción de la línea de interconexión de 81 kilómetros, obligando a la firma a almacenar sus turbinas en el puerto de La Guajira. Posteriormente, el cambio de Gobierno en 2022 introdujo nuevas regulaciones y requisitos que incrementaron los costos, sumados a la devaluación del peso colombiano y complicaciones para acceder a la infraestructura necesaria de transmisión.

En 2024, pese a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expidió la licencia para la línea de transmisión, EDPR ratificó su retiro de Colombia. Los perjuicios económicos derivados de Alpha y Beta superan los 700 millones de euros, agregando a ello 200 millones en garantías y obligaciones futuras. EDPR inició entonces la liquidación de sus sociedades locales y dejó abierta la opción de que otros actores retomen los proyectos, siempre que se establezcan reglas claras y exista respaldo estatal suficiente.

Este episodio no ha sido aislado. Según registros mencionados, situaciones similares enfrentaron otras multinacionales del sector. Por ejemplo, Enel canceló su participación en el proyecto eólico Windpeshi, EDF Renewables se retiró de planeaciones solares en Cundinamarca y Statkraft Noruega transfirió en 2025 su portafolio de renovables a Ecopetrol. El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado encabezada por César Palomino Cortés, será responsable de la defensa en el arbitraje de Ciadi, proceso que deja en evidencia la fragilidad de las inversiones internacionales en el contexto de la transición energética local.

¿Qué implica el proceso de arbitraje internacional ante el Ciadi para Colombia y los inversionistas extranjeros?

Este tipo de arbitraje resulta fundamental en el ámbito de las disputas sobre inversiones entre Estados e inversores extranjeros, como recogen los antecedentes citados en el caso de EDP Renewables. La intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones brinda un marco legal para discutir desacuerdos sobre la protección de inversiones y el cumplimiento de tratados internacionales. Su relevancia radica en la seguridad jurídica que buscan las empresas al invertir y en la imagen que proyecta el país frente a futuros capitales internacionales.

El desarrollo y el desenlace del proceso influirá directamente en la percepción de Colombia como destino de inversión, especialmente en sectores prioritarios como las energías renovables. El nivel de protección ofrecido por el Estado y la solidez institucional en la resolución de controversias pueden determinar si actores globales deciden apostar nuevamente por proyectos de largo plazo, estimulando o afectando la transición energética nacional.