¿Acaso subsidio insostenible? Así golpea el alza del petróleo a la gasolina y la economía colombiana

El encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, motivado principalmente por las recientes tensiones en Medio Oriente, ha marcado una presión relevante sobre la economía colombiana. Según datos reportados, el barril de referencia Brent ha superado los US$108,65, alterando el costo de los combustibles para el país y agrandando la distancia entre los valores internos y mundiales. Esta situación no solo afecta a los consumidores en las estaciones de servicio, sino que también implica un reto mayor para la sostenibilidad fiscal nacional.

El escenario se complica aún más debido a la depreciación del peso colombiano frente al dólar desde principios de 2026, encareciendo la importación de petróleo y sus derivados. De acuerdo con análisis de ANIF –Centro de Estudios Económicos–, el Gobierno colombiano ha tenido que incrementar los subsidios que otorga a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), con el objetivo de evitar aumentos bruscos en los precios de la gasolina y el ACPM, un combustible diésel ampliamente utilizado en el transporte y la industria nacional.

Las estimaciones de ANIF advierten que, de mantenerse la coyuntura actual y sin ajustes en los precios internos, el Fepc enfrentaría un déficit adicional de $10,7 billones en 2026. Ello llevaría el déficit histórico del fondo a unos $136 billones desde su creación en 2007. Para dimensionar la magnitud, esa cifra equivale a quince reformas tributarias o a un monto una vez y media mayor que el destinado a la salud en 2025, ilustrando la carga que el sistema de subsidios representa para el Estado.

El diferencial entre los precios de referencia y los internos es especialmente marcado en el ACPM (diésel), que en marzo de 2026 registra una brecha negativa de $5.700 por galón, frente a $800 en la gasolina corriente. Esta diferencia genera un déficit mensual para el fondo estimado en $1,1 billones, donde el ACPM absorbe casi la totalidad de la subsidiaria. Tras los congelamientos de precios durante la pandemia y el repunte de los precios internacionales al inicio de la recuperación económica, el fondo entró en números rojos que solo comenzaron a estabilizarse después de aumentos graduales autorizados en años recientes.

No obstante, las recientes reducciones de $500 en la gasolina a comienzos de 2026 amenazan con revertir los logros fiscales, especialmente bajo un petróleo Brent cercano a US$100 por barril y una tasa de cambio de $3.700. Frente a este diagnóstico, ANIF propone una salida en dos fases: un ajuste gradual en las tarifas internas para reducir el déficit durante 2026, y luego la adopción de un promedio móvil de seis meses para determinar los precios nacionales, buscando mitigar la volatilidad y restar discrecionalidad estatal.

En conclusión, el Fepc, creado para proteger consumidores y productores de las oscilaciones externas, se ha transformado en una pesada carga para las arcas públicas, equiparable a los recursos fundamentales de salud. Avanzar hacia un esquema de precios más transparente y previsible aparece como la vía más razonable para salvaguardar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sector energético colombiano.

¿Por qué el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) es tan relevante para la economía colombiana?

La importancia del Fepc radica en su papel de amortiguador frente a las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo, lo que protege a la economía y a los consumidores de incrementos súbitos que afectarían el costo de vida y el funcionamiento de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Desde su creación en 2007, el fondo ha sido esencial para mantener la estabilidad en los precios internos, brindando certidumbre a los agentes económicos y contribuyendo al bienestar social.

Sin embargo, la persistencia de precios internacionales elevados y el desfase entre tarifas internas y externas han convertido a este mecanismo en un desafío fiscal considerable. Cuando las brechas entre los precios crecen, el costo para el Estado aumenta, comprometiendo recursos que podrían destinarse a otros sectores prioritarios como la salud o la educación. Por eso, su sostenibilidad es tema central en los debates sobre política pública y finanzas nacionales.