Universidades privadas en alerta: nuevo impuesto al patrimonio pone en riesgo becas y cupos para estudiantes

El Decreto 0173 de 2026, promulgado por el gobierno de Gustavo Petro bajo la figura de emergencia económica, ha generado inquietud significativa en el sector educativo privado del país. Dicho decreto establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, abarcando entre sus obligaciones tributarias a las universidades privadas. La medida, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), amenaza con incidir negativamente sobre renglones vitales como becas, subsidios y los programas que garantizan la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación superior.

La Ascun, por medio de un comunicado oficial, expuso que la carga fiscal sobre el patrimonio disminuiría de manera directa los fondos que actualmente se orientan a financiar apoyos a estudiantes de bajos recursos y a sostener la infraestructura educativa. Según las cifras presentadas por la asociación, el impacto económico para las universidades privadas sumaría alrededor de 135.000 millones de pesos. Estos recursos, explica la Ascun, permitirían cubrir aproximadamente 15.000 cupos de educación superior y un número sustancial de becas dirigidas a jóvenes de menores ingresos, lo que pone de manifiesto el alcance social que se vería amenazado por la medida.

La preocupación se extiende a entre 75 y 80 instituciones de educación superior (IES) privadas incluidas en el ámbito de este tributo, según los datos recogidos por la Ascun. El patrimonio institucional, fundamental para sostener subsidios internos y ofrecer alivios financieros, se verá reducido a causa del nuevo gravamen. Lo anterior repercute sobre la función social y académica de las universidades, restringiendo las oportunidades y el acceso educativo para miles de jóvenes colombianos que dependen de estos apoyos para poder proseguir con su formación profesional.

Además, la asociación subraya que el impuesto tiene un efecto directo en la sostenibilidad de las actividades de investigación, innovación y desarrollo científico, pues grava activos como laboratorios, bibliotecas y hospitales universitarios. Estos recursos son imprescindibles para el avance académico y científico, así como para el fortalecimiento del talento humano y el desarrollo de nuevos conocimientos en el país.

Ante este panorama, Ascun ha propuesto alternativas que consideran la naturaleza especial de las IES privadas, muchas de las cuales son entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Régimen Tributario Especial y destinan la totalidad de sus excedentes a finalidades académicas e investigativas. La asociación sugiere reexaminar la inclusión de estas instituciones en el impuesto y apela a la necesidad de diálogo con el Gobierno Nacional. El llamado es a establecer espacios donde se puedan evaluar los impactos de la medida y buscar soluciones que no comprometan la estabilidad financiera ni la misión social y educativa de las universidades colombianas.

Asimismo, Ascun insiste en que la educación superior debe ser considerada como un servicio público con función social, tal como lo establecen los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia, y no debe ser asimilada a empresas comerciales para efectos tributarios. La asociación finaliza su pronunciamiento advirtiendo que la solidez y sostenibilidad del sistema educativo es esencial para el desarrollo y el futuro de la nación, y urge a encontrar mecanismos que aseguren la continuidad y la calidad de la educación superior en Colombia.

¿Qué diferencia existe entre una universidad privada con ánimo de lucro y una sin ánimo de lucro frente al impuesto al patrimonio?

La relevancia de esta pregunta radica en la naturaleza jurídica y el impacto financiero que el impuesto al patrimonio tiene sobre distintos tipos de instituciones. En el contexto del debate actual, la Ascun ha remarcado que muchas universidades privadas en Colombia son entidades sin ánimo de lucro, lo que significa que reinvierten todos sus excedentes en fines educativos y no reparten utilidades entre sus miembros o accionistas.

Esto contrasta con las instituciones con ánimo de lucro que, en esencia, pueden distribuir sus ganancias. Por tanto, la inclusión de las universidades sin ánimo de lucro en el campo de aplicación del impuesto suscita preocupación, ya que desconoce su función social y la destinación específica de sus recursos. Esta diferencia es clave para evaluar la equidad y justificación del impuesto, dado el compromiso que las universidades sin ánimo de lucro mantienen con la inversión directa en educación, investigación y apoyo estudiantil, según subrayan los argumentos de la Ascun.