Nueva regulación energética busca blindar a los usuarios de subidas bruscas en tarifas y fomenta la transparencia

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha la Resolución 101 082 de 2025 con el propósito de modificar el esquema bajo el cual ciertas empresas del sector eléctrico, intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), contratan la compra directa de energía. La principal motivación detrás de este ajuste consiste en ofrecer mayor estabilidad tarifaria a millones de usuarios, especialmente en un periodo donde la volatilidad de los precios en la bolsa de energía pone en riesgo tanto el bolsillo de los consumidores como la seguridad del suministro.

Fanny Guerrero Maya, directora ejecutiva encargada de la CREG, subrayó que la resolución no representa un cambio permanente de las reglas del mercado energético colombiano, sino que surge como una medida excepcional destinada a proteger a los usuarios y asegurar la continuidad de la operación en empresas que atraviesan procesos de administración temporal o liquidatoria. En ese contexto, la contratación bilateral directa entre agentes—es decir, entre generadores y distribuidores/interventores—resulta útil para evitar las fluctuaciones extremas de precios que podrían trasladarse al usuario final.

La normativa tiene sustento en experiencias internacionales y en la historia reciente de Colombia. Países como Chile y México han aplicado medidas semejantes, usando la contratación directa como herramienta para estabilizar mercados en crisis, aunque advirtiendo riesgos de transparencia y concentración de mercado. En Colombia, la figura se ha empleado ante intervenciones de empresas que por causas financieras o de gestión afectan la oferta y los precios. Por ello, la CREG estipula que esta contratación se limite a periodos cortos de hasta tres meses, con intervalos de al menos seis meses entre cada uno, en línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA).

El componente de transparencia cobra especial relevancia en esta regulación. Las empresas intervenidas deberán informar públicamente, a través de sus portales web, las fechas de inicio y cierre de tales contratos; y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) será el encargado de publicar reportes trimestrales consolidados sobre el uso de esta modalidad de contratación. De acuerdo con reportajes de Energía Estratégica y El Espectador, estos controles refuerzan la confianza de los usuarios y el monitoreo social sobre la operación eléctrica, previniendo prácticas opacas que eventualmente podrían repercutir en el precio o la calidad del servicio.

Esta resolución también responde a un desafío social de especial urgencia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha documentado que los cambios abruptos en las tarifas impactan de manera severa a los hogares de menores ingresos, ahondando la llamada pobreza energética y afectando tanto el desarrollo productivo local como el bienestar familiar. Por tanto, una de las prioridades del nuevo marco regulatorio es evitar incrementos sorpresivos, resguardando el acceso a la energía en condiciones más predecibles.

La experiencia latinoamericana indica que los sistemas regulatorios flexibles, acompañados de estrictas obligaciones de transparencia, pueden ofrecer respuestas efectivas en circunstancias de emergencia, siempre y cuando se mantenga la supervisión sobre posibles distorsiones de competencia. De esta forma, la Resolución 101 082 de 2025 se presenta no solo como un mecanismo temporal para enfrentar contingencias, sino también como un compromiso con la protección del interés público y la evolución responsable del mercado eléctrico colombiano.

¿Por qué la transparencia es tan importante en los contratos de energía?
La demanda de transparencia en el sector energético ha crecido en respuesta a preocupaciones sobre el manejo de recursos públicos, la competencia y las tarifas finales que pagan los usuarios. Informes de medios como El Espectador y análisis de organizaciones especializadas, como Energía Estratégica, han resaltado la importancia de que las empresas publiquen información clara sobre sus contratos y operaciones, de modo que tanto los consumidores como los entes de control puedan hacer un seguimiento efectivo y exigir cuentas ante posibles irregularidades. La Resolución 101 082 de 2025 recoge este reclamo social, exigiendo mecanismos públicos de información como un paso esencial para la confianza y el correcto funcionamiento del mercado.

¿Qué se entiende por pobreza energética según el DANE?
El término “pobreza energética”, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), describe la situación de hogares que enfrentan dificultades para acceder a electricidad suficiente y asequible. Los estudios del DANE advierten que cambios inesperados en las tarifas aumentan el número de familias en esta condición, limitando su capacidad productiva y su calidad de vida. Este riesgo social se considera dentro del diseño de la Resolución 101 082, que busca mantener la previsibilidad de precios y reducir el impacto sobre quienes tienen menores recursos.