¡Licor más barato en Colombia! Corte Constitucional tumba el alza del IVA y baja precios de aguardiente y ron

La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica impactó de forma inmediata el mercado de licores en el país. Según lo reportado por El Diario, esta medida implica el regreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre bebidas alcohólicas del 19% al 5%, lo que reduce de manera significativa los precios finales de productos como el aguardiente y el ron. El alivio para los consumidores es considerable, ya que en algunos casos el precio por botella puede disminuir en más de $20.000 pesos colombianos.

Las principales empresas licoreras del país, como la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), han confirmado que el ajuste de precios será inmediato. Directivos de la FLA explicaron que, desde el primero de enero, el aumento en el costo de los productos solo obedecía al incremento del IVA, sin alteraciones sustanciales en el precio base. Con el fallo judicial, dicho incremento desaparece, permitiendo que el consumidor acceda nuevamente a estos productos a precios más bajos.

Esteban Ramos, gerente de la FLA, explicó que una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros, cuyo precio rondaba los $54.000 pesos en grandes establecimientos, tendrá una rebaja entre $7.000 y $8.000 con la restitución del IVA reducido. Ramos advirtió que, de haberse mantenido la emergencia económica, la compañía habría tenido que incrementar sus precios cerca de un 50%, lo que resultaría insostenible para el mercado legal del licor.

En la Industria Licorera de Caldas (ILC), los efectos también se evidencian con una caída importante del precio del Ron Viejo de Caldas de 750 mililitros, que de costar $84.604 con la emergencia económica pasará a cerca de $54.545. Igualmente, el Aguardiente Amarillo de Manzanares reducirá su valor de $71.112 a $49.705, mostrando una variación de casi $21.000. Estos ajustes reflejan la eliminación del mayor IVA y cambios en el impuesto al consumo, elementos clave en la estructura de precios.

Este revés judicial representa también un beneficio relevante para los ingresos departamentales. Dichos recursos dependen en gran parte de los impuestos al consumo de licores y se destinan en buena medida a sectores sensibles como la salud y la educación. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, había señalado que el decreto obligaba a transferir grandes sumas al gobierno central, en detrimento de estos rubros esenciales para la región.

Por otro lado, la FLA enfatizó que un alza de precios tan pronunciada habría debilitado la demanda legal y fortalecido el contrabando, un problema crítico ya que se estima que el licor adulterado representa cerca del 30% del consumo total en Colombia. Gracias a la suspensión de las nuevas cargas tributarias, la compañía podrá mantener transferencias de más de $1,15 billones de pesos a las regiones sin gravar adicionalmente al consumidor final. En cuanto a los puntos de venta y distribución, que habían incrementado precios entre 10% y 15% por la inseguridad jurídica, se prevé una baja en los precios y una reactivación del mercado licorero.

La decisión de la Corte, avalada por seis votos contra dos, constituye la primera suspensión cautelar de un estado de excepción antes de una decisión definitiva de fondo. La ponencia, a cargo del magistrado Carlos Camargo, determinó que no había justificación suficiente para que el Ejecutivo impusiera nuevos gravámenes sin que el tema pasara por el Congreso. En tanto se espera la sentencia definitiva en marzo, el sector licorero destaca los efectos positivos de la medida: precios más accesibles, un mercado legal fortalecido y un freno al contrabando.

¿Por qué la Corte Constitucional puede suspender un decreto de emergencia económica?
La Corte Constitucional es la institución encargada de velar por la legalidad y constitucionalidad de los actos del gobierno, incluyendo los estados de emergencia como el que motivó el incremento del IVA a los licores. Cuando existen dudas sobre la legalidad de un decreto que afecta la economía y los derechos ciudadanos, la Corte puede intervenir y, como en este caso, suspender sus efectos de forma provisional mientras revisa el tema en profundidad. Esta capacidad de suspensión cautelar busca evitar daños mayores a la ciudadanía y preservar el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que no se creen impuestos ni modificaciones estructurales sin el debido debate parlamentario.