Contraloría alerta por falta de ejecución en recursos para atender emergencia invernal pese a recaudo tributario

La Contraloría General de la República reveló el balance del seguimiento a los recursos asignados tras la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica formalizada mediante el Decreto 0150 de 2026. Según el informe presentado, mientras el recaudo de los impuestos y alivios tributarios avanza a buen ritmo, la ejecución de esos dineros, que buscan atender y recuperar las zonas afectadas por la temporada de lluvias, no muestra avances concretos. En la información oficial, la Contraloría detalla que, hasta el 18 de junio de 2026, el recaudo total por impuesto al patrimonio y otros mecanismos de alivio tributario llegó a $7,59 billones, cifra que representa el 87,5 % de la adición presupuestal aprobada para la emergencia. Sin embargo, este monto todavía no cubre la totalidad de los $8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación. Tal diferencia, de acuerdo con el organismo de control, "representaba un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año".

El documento técnico aclara que, si bien los recursos ya están dentro del presupuesto y se han expedido certificados de disponibilidad en distintos sectores, no existe evidencia de ejecución efectiva en cuanto a la formalización de obligaciones o pagos por parte de las entidades responsables. Un caso emblemático es el de los recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los cuales, según la Contraloría, "permanecen en fase de estructuración de convenios", situación que ha frenado el comienzo de las intervenciones necesarias para atender los daños causados por las lluvias.

Además, el balance identificó que sectores clave del Gobierno Nacional como Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentan una ejecución nula de los recursos. En los casos de Vivienda y Educación, únicamente se han expedido certificados presupuestales, pero hasta la fecha de corte no se registraban compromisos ni desembolsos concretos.

Otro aspecto que resaltó la Contraloría en su informe es la ausencia, varios meses después de la emergencia, del Plan de Acción Específico a cargo del Gobierno Nacional, que debería definir claramente las medidas, responsables, cronogramas y resultados esperados. La falta de este instrumento limita la capacidad de hacer seguimiento y dificulta la evaluación del cumplimiento de los objetivos que originaron la declaratoria de emergencia. Frente a estos hallazgos, el organismo instó al Ejecutivo a acelerar la formalización de convenios y procesos pendientes, para que las inversiones lleguen efectivamente a las zonas más golpeadas y cada peso recaudado se destine exclusivamente a la recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.

¿Por qué la Contraloría advierte sobre el riesgo en la sostenibilidad financiera de los recursos para la emergencia?

La advertencia de la Contraloría General de la República se basa en que, aunque se ha recaudado una suma importante mediante impuestos extraordinarios, aún no se alcanza la totalidad del presupuesto necesario para responder a la emergencia, lo cual puede afectar la capacidad de mantener el flujo de recursos para el segundo semestre del año, según consta en el informe revisado.

¿Cuál es el papel de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la atención a la emergencia?

De acuerdo con la Contraloría, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es responsable de administrar parte de los recursos destinados a la recuperación de los territorios afectados por la emergencia, pero estos fondos siguen en la etapa de estructuración de convenios, impidiendo que se inicien las intervenciones previstas y atrasando la atención efectiva a las comunidades damnificadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.