Alarma por $4,8 billones sin ejecutar: la Contraloría revela ineficiencia en contratos fiduciarios clave

La Contraloría General de la República (CGR) expuso serias preocupaciones sobre la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos canalizados mediante contratos fiduciarios. Según la investigación de este organismo de control, al cierre de diciembre de 2024, una parte sustancial de los fondos destinados a promover el gasto público eficiente permanece inactiva. El análisis destaca que, de un total de $13,48 billones distribuidos en 787 contratos fiduciarios, $4,84 billones relacionados con 156 de estos acuerdos se encontraban inmovilizados, lo que representa el 35,61% del monto evaluado. Esta situación, calificada por la Contraloría como “ineficiencia fiscal”, tiene un impacto directo en la financiación de proyectos estratégicos y, en consecuencia, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

De acuerdo con el informe de la CGR, la inmovilización de estos recursos genera un doble perjuicio para el Estado. Por una parte, se señala una pérdida económica atribuida al costo de oportunidad, dado que los fondos se mantienen en portafolios con baja rentabilidad. Por otra, surge una afectación social a raíz del retraso en la entrega de obras o servicios fundamentales para la población, como vivienda, infraestructura o atención en salud. El propio ente de control enfatizó que cada peso no ejecutado representa un proyecto o infraestructura social que se posterga, perjudicando directamente el gasto social y las condiciones de vida de sectores vulnerables.

El diagnóstico de la Contraloría detalla que, en una muestra particular de $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda se posiciona como la entidad con la mayor cantidad de recursos sin ejecutar, al registrar $165.255 millones inmovilizados (equivalentes al 42,34% del total evaluado). Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01%), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17,37%). Esta tendencia revela problemáticas consistentes en sectores considerados estratégicos para la política pública nacional.

Adicionalmente, la CGR evidenció que la concentración de los recursos inmovilizados se encuentra en un grupo reducido de fiduciarias. Scotiabank Colpatria encabeza el listado con $168.081 millones no ejecutados (43% de la muestra), seguida de Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones). Para la Contraloría, este fenómeno evidencia la urgencia de enfocar acciones correctivas en actores puntuales del sistema fiduciario, a fin de subsanar las deficiencias detectadas.

En cuanto a las causas identificadas, el informe destaca principalmente la falta de oportunidad en la ejecución, problemas contractuales y falencias administrativas que limitaron la operatividad de los contratos. Estos factores, sumados a procedimientos rígidos, ocasionaron demoras considerables, afectando especialmente aquellos proyectos fiduciarios de gran escala en campos como energía, transporte de hidrocarburos, infraestructura inmobiliaria y servicios sociales, todos ellos prioritarios para el desarrollo nacional.

En respuesta a los hallazgos, la Contraloría General anunció la apertura de actuaciones fiscales para asegurar la protección del patrimonio público, reducir la inmovilización de los recursos y optimizar la eficiencia del gasto público en el país. De este modo, busca garantizar que los fondos cumplan su función en la creación de bienes y servicios esenciales, particularmente para la población más vulnerable.

¿Qué son los contratos fiduciarios en el contexto colombiano?
La importancia de los contratos fiduciarios radica en su función como herramientas utilizadas por diferentes entidades estatales para administrar recursos públicos destinados a proyectos sociales, de infraestructura u otros servicios esenciales. Según la Contraloría, estos esquemas deberían impulsar eficiencia y transparencia. Sin embargo, la frecuente inmovilización de fondos bajo estos contratos ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente sus políticas, convirtiéndose en un punto central del actual debate sobre la optimización del gasto público colombiano.