El duro reto fiscal del Gobierno: ¿cómo recortar el gasto público cuando el 92% del presupuesto es intocable?

La Contraloría General de la República de Colombia exhortó al Gobierno Nacional a adoptar un enfoque responsable y equilibrado ante el inminente recorte del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego del fracaso en la aprobación de la Ley de Financiamiento. Según el organismo de control, tras la caída definitiva de esta ley, el Ministerio de Hacienda solo dispone como alternativa de ajuste la reducción de gastos por un monto de $16,29 billones, situación que pone en evidencia la urgencia de tomar decisiones estructurales para mantener la estabilidad financiera del país.

El presupuesto aprobado por el Congreso presenta una distancia significativa entre los ingresos y los gastos esperados. De acuerdo con los datos recopilados por la Contraloría, mientras los ingresos proyectados para el próximo año ascienden a $530,7 billones, los gastos suman $546,9 billones, generando un déficit que debía ser solventado a través de la mencionada Ley de Financiamiento, que finalmente no prosperó. Ante este escenario, el organismo advierte sobre la necesidad de abordar el ajuste con criterios de austeridad, ponderando la preservación de los servicios públicos esenciales y evitando desequilibrios que puedan afectar la economía nacional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Uno de los aspectos más complejos destacados por la Contraloría tiene que ver con las inflexibilidades presupuestarias existentes. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, aproximadamente el 92% del gasto público es inmodificable, lo que restringe significativamente las áreas sobre las que se pueden ejecutar recortes efectivos. La distribución del presupuesto muestra que el 65,5% está asignado a gastos de funcionamiento, un 18,4% al servicio de la deuda y solo un 16,1% a inversión, siendo este último el componente menos inflexible, aunque sujeto a restricciones derivadas de compromisos previos.

El ente de control subrayó que la tradición de Colombia de mantener un cumplimiento estricto en sus obligaciones crediticias dificulta la reducción directa en el pago de la deuda, aunque reconoce la posibilidad de ajustes a través de operaciones de manejo de deuda. Además, la Contraloría considera que las opciones de ajuste en los gastos de funcionamiento son limitadas, ya que una parte importante está dirigida a pago de personal, pensiones y transferencias, en particular las vinculadas al Sistema General de Participaciones.

Pese a las restricciones, el organismo sugiere que el Ministerio de Hacienda examine con detenimiento rubros como la contratación y los viáticos para identificar posibles áreas de ajuste sin comprometer la prestación de servicios básicos. En cuanto a la inversión, la Contraloría recomienda focalizar los recursos en proyectos de alto impacto que contribuyan a la estabilidad económica y la transformación productiva.

La eficiencia en la ejecución presupuestal es otra preocupación señalada. Según la Contraloría, en 2024 solo se comprometió el 83,1% del presupuesto total, mientras en inversión la cifra apenas alcanzó el 57%. Para 2025, la ejecución general permanece baja, lo que acentúa la necesidad de mejorar procesos internos. El organismo también urgió al Gobierno a fortalecer la modernización de la gestión tributaria y combatir la evasión para incrementar los ingresos efectivos.

Finalmente, la Contraloría instó a que todo el proceso de ajuste presupuestal se desarrolle de manera participativa y transparente, con un diálogo abierto tanto con los sectores impactados como con la ciudadanía, para preservar la confianza institucional y social en las decisiones adoptadas por el Gobierno.

¿Qué restricciones específicas existen para recortar el gasto público en Colombia?

Esta pregunta surge ante el dilema planteado por la Contraloría sobre las posibilidades reales de ajustar el presupuesto nacional, considerando que un alto porcentaje de los recursos ya está comprometido en áreas inmodificables. El lector puede preguntarse qué rubros, contratos o pagos están legal o contractualmente protegidos, y cómo esto limita la capacidad del Gobierno para reaccionar ante emergencias fiscales y déficit presupuestales.

Entender estas restricciones es relevante porque pone en perspectiva no sólo la complejidad técnica y legal de cualquier recorte —como los asociados a gastos de personal, pensiones y transferencias constitucionales— sino también el impacto que tienen sobre el margen de maniobra del Ejecutivo. El contexto colombiano evidencia que la discusión sobre austeridad y equilibrio presupuestal enfrenta obstáculos de gran peso, lo que obliga a explorar vías más creativas y consensuadas para cuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas.