Consejo Gremial advierte: reformas clave no deben aprobarse bajo estados de emergencia en Colombia

El Consejo Gremial Nacional manifestó una vez más su respaldo a los departamentos y ciudadanos afectados por la emergencia invernal en Colombia, subrayando la urgencia de acciones rápidas y coordinadas por parte del Estado para paliar los daños causados por los recientes fenómenos climáticos. En su comunicado, la entidad enfatizó la importancia de una respuesta ágil, centrada en atender tanto las necesidades inmediatas de la población damnificada como en establecer mecanismos de soporte para las distintas regiones comprometidas.

Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación ante el uso del estado de emergencia invernal como escenario para promulgar normas que, según señala, no están estrictamente orientadas a solucionar la crisis humanitaria y de infraestructura desatada por las lluvias. De acuerdo a la organización, el gobierno ha aprovechado esta situación excepcional para introducir cambios profundos en ámbitos como el tributario, ambiental, financiero, operativo y sectorial. Estos cambios, en su opinión, deberían ser discutidos y decididos a través de los procedimientos ordinarios del Congreso de la República, sosteniendo así el debate democrático y la deliberación pública.

El Consejo recalcó que, conforme a la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 215, las facultades entregadas al Ejecutivo durante los estados de excepción son de carácter transitorio y están limitadas en su alcance. Al trascender estos límites y optar por reformas estructurales bajo la figura de emergencia, se desbordan los procedimientos propios del proceso legislativo habitual y se vulneran garantías fundamentales como la seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima de los actores económicos.

Entre las principales inquietudes presentadas por el Consejo se destacan la imposición de nuevas cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios y la modificación de acuerdos contractuales y normativas regulatorias. Situaciones como la adopción de la reforma de la jurisdicción agraria bajo el estado de emergencia son señaladas como ejemplos preocupantes de alteración jurídica sin el debate requerido en sede legislativa.

La entidad advirtió que este tipo de decisiones pueden establecer precedentes institucionales que incrementan la percepción de riesgo país. Para los inversionistas y sectores productivos, la existencia de reglas claras, estables y previsibles constituye el fundamento de la confianza y la viabilidad de invertir en Colombia. Cuando la normativa puede cambiar bajo esquemas de excepción –sin transparencia ni consulta con los distintos sectores– la incertidumbre aumenta y la competitividad nacional se ve perjudicada.

Por estas razones, el Consejo pidió al Gobierno Nacional mayor transparencia respecto a los costos de la emergencia que están siendo atendidos y reiteró la importancia de respetar de manera estricta los límites constitucionales durante situaciones excepcionales. A juicio del gremio, la estabilidad jurídica no es solo un interés sectorial, sino un pilar estratégico del desarrollo económico y social del país.

¿Qué implica la figura del estado de excepción según la Constitución colombiana?

La inquietud sobre el alcance del estado de excepción surge porque este mecanismo concede facultades especiales al Gobierno, pero restringidas por la Constitución. En el artículo 215, se establece que el Ejecutivo solo puede tomar medidas estrictamente necesarias para afrontar la crisis que ocasione la emergencia. Esto significa que no se deben adoptar reformas permanentes ni estructurales que excedan la coyuntura específica.

Es fundamental entender este concepto, ya que delimita el accionar del Gobierno y salvaguarda la separación de poderes. Cuando el Estado recurre al estado de excepción, el equilibrio institucional y la estabilidad de las reglas del juego económico, político y jurídico están en juego, con posibles consecuencias tanto inmediatas como de largo plazo para la confianza en el país.