Crisis en ISA: exigen intervención por dilación en salida de su presidente tras fallo del Consejo de Estado

La disputa legal que atraviesa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) alcanzó un nuevo nivel de tensión tras la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de la compañía. Dos documentos conocidos por la prensa revelan la solicitud de Julio César Yepes, accionista minoritario y principal demandante en el proceso, dirigida al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. Yepes exige la intervención urgente de la Procuraduría para garantizar que la administración de ISA actúe conforme al fallo emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 26 de febrero, el cual declaró nula la elección de Carrillo.

El motivo central de la petición radica en el proceder de la Junta Directiva de ISA tras conocer la decisión judicial. En lugar de terminar de inmediato el contrato de trabajo de Carrillo, la Junta optó por suspenderlo temporalmente hasta que la sentencia adquiera firmeza. Este accionar, según el demandante, representa una maniobra dilatoria y un desconocimiento de la obligatoriedad de las decisiones del alto tribunal. La solicitud a la Procuraduría enfatiza la importancia de la vigilancia para evitar que se posponga indefinidamente la aplicación de la sentencia, crítica que se hace más relevante si se considera que ISA es una compañía con participación pública significativa.

Yepes sostiene, en su comunicación, que la decisión de la Junta Directiva es jurídicamente improcedente. A su juicio, no resulta posible suspender un contrato laboral que deriva de un acto de elección cuya nulidad ha sido declarada por la autoridad judicial competente. Al desaparecer el acto administrativo, el vínculo laboral basado en él también debería darse por terminado, insiste Yepes, quien además acusa a la Junta de abusar de su posición mayoritaria para dilatar el desenlace del proceso y evitar así un cumplimiento inmediato de la sentencia.

Los argumentos de Yepes encuentran respaldo en el propio fallo del Consejo de Estado, que señala que la elección de Carrillo infringió el “principio constitucional de la moralidad administrativa”. El alto tribunal destacó que la Junta Directiva de ISA alteró sin justificación suficiente los criterios de evaluación mientras avanzaba el proceso, lo que se apartó de los estándares de transparencia exigidos, e ignoró los resultados emitidos por la firma experta Korn Ferry.

En este contexto, Yepes remitió también una carta al presidente encargado de ISA, Gabriel Jaime Melguizo, solicitando información detallada sobre las acciones emprendidas para reactivar el proceso de selección de candidatos a la presidencia. Alerta que la dilación en este trámite representa una violación tanto a los estatutos sociales como al Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa. Dado que ISA cotiza en el mercado de valores y cuenta con participación estatal, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la transparencia resultan aún más prioritarios para preservar la confianza pública en la institución.

Hasta la fecha, Yepes afirma desconocer las acciones concretas adelantadas por ISA para cumplir la orden judicial, reiterando la importancia de la intervención del Ministerio Público. De acuerdo con el demandante, la falta de claridad y celeridad en la aplicación de la sentencia no solo afecta la legalidad interna de la empresa, sino que puede contribuir a un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la moralidad administrativa.

¿Qué implicaciones tiene la nulidad en el proceso de selección de un nuevo presidente para ISA?

La anulación de la elección de Jorge Carrillo no solo obliga a la Junta Directiva de ISA a dar por terminado el contrato vigente, sino que también exige reiniciar todo el proceso de selección bajo criterios más rigurosos y apegados a las normas de transparencia. El fallo del Consejo de Estado obliga a que la compañía respete sus propios estatutos y se ciña a procedimientos avalados tanto por firmas expertas como por órganos de control. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza interna en empresas con participación estatal para evitar decisiones discrecionales o contrarias a los principios de moralidad administrativa. El futuro inmediato de ISA, por tanto, dependerá de que sus directivos logren restaurar la confianza institucional y cumplir de manera ejemplar con los estándares que exige la normatividad.