¡Que no lo tumben! Así puede reclamar por falsa publicidad o fallas en productos comprados

Si un artículo o servicio que adquirió no cumple su función y la compañía no le resuelve el problema con prontitud, lo primero es acudir a la Superindustria.

De manera gratuita y sin necesidad de abogados, usted pude demandar y/o denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cualquier inconformidad, queja, reclamo o petición ante una negligencia, mal servicio, fallas en las garantías y demás inconvenientes que tenga.

Con la demanda busca la reparación, cambio del bien, devolución del dinero pagado a través de la efectividad de la garantía o una indemnización por daños causados.

Con la denuncia pretende que la Superintendencia inicie una investigación administrativa que podría conllevar a la imposición de sanciones o multas al proveedor, comerciante o fabricante.

Para interponer alguna de las dos opciones debe hacer lo siguiente:

1. Radicar la denuncia o demanda anexando los documentos que la respaldan. Si desea efectuarla vía Internet debe ingresar a la página de la SIC o puede ir personalmente a las oficinas de la entidad de cada ciudad (carrera 13 # 27- 00/piso 3, en Bogotá).
2. Consultar periódicamente el estado de su solicitud indicando el número de radicación asignado al momento de la presentación.
3. Presentar respuesta de manera oportuna, en caso de que se considere necesaria información adicional.
4. Notificarse de la decisión final.

Estas son las situaciones específicas de protección al consumidor por las que puede demandar o denunciar ante la SIC:

• Contratos con los operadores.
• Facturación, suspensión y cobros.
• Telefonía fija y móvil.
• Internet y mensajes de texto.
• Operadores y fuentes que tengan información de personas.
• Corrección, actualización o retiro de datos.
• Productos de baja calidad.
• Incumplimiento de garantías.
• Financiación de compras.

Además, podrá reportar los productos defectuosos para que sean recogidos del mercado y así prevenir el consumo o adquisición que puedan comprometer el bolsillo, la salud, integridad o vida de las personas.