A Claro no le gustaron medidas que buscan libre competencia; sacó comunicado quejándose
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Visitar sitioLa empresa dice que las medidas de la CRC afectan la evolución de la conectividad en el país y se defendieron afirmando que sí hay competencia sana.
La empresa de telecomunicaciones Claro señaló mediante un comunicado que las recientes medidas anunciadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, para promover la competencia, impiden el avance en la conectividad en el país.
Las quejas de Claro, que cuenta con cerca del 45 % de participación en el mercado colombiano, se centran en que las medidas anunciadas por el Gobierno afectan la inversión, que es “necesaria para mejorar la conectividad del país en beneficio de los colombianos”, planteó la compañía que preside en Colombia Rodrigo Gusmao.
(Vea también: Claro hizo sorpresivo movimiento y dará golpe en Colombia; invertirá mucha plata)
En su comunicado, Claro defendió que los indicadores que tiene la CRC “demuestran que hay sana competencia en el sector de telecomunicaciones. Se tienen 17 operadores y los precios bajaron 70 % en tres años”. Agregó que las modificaciones recientes en el mercado, como la integración entre Movistar y Tigo y el ingreso de un nuevo operador, resultado de la subasta de 5G, acentuarán la competencia.
La empresa destacó que “ha realizado sostenidamente 50 % de las inversiones del sector, alcanzando 54% en 2022, mientras que sus competidores han reducido sistemáticamente las suyas, siendo la más ilustrativa la disminución de participación de las inversiones de Movistar de 26% a 9%”.
“Las medidas anunciadas por la CRC esta semana obligan a Claro, y sólo a Claro, a suministrar su infraestructura a tarifas 53% menores. Este es un subsidio de Claro a sus competidores, impuesto por esta regulación. La decisión, lejos de promover la competencia, reducirá las inversiones en el país”, señaló la compañía en su comunicado.
Agregó que, como consecuencia, los usuarios no tendrán mejor calidad de servicio ni mejores precios, especialmente en las zonas rurales y poblaciones marginadas de la conectividad, haciendo más difícil para el Gobierno Nacional alcanzar la meta de conectar 85% del país con internet de banda ancha.
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