La Cámara de la Infraestructura pide que decisiones sobre proyectos privados como Conexión Centro se basen en criterios técnicos

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió un pronunciamiento este martes respecto a la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de rechazar la Iniciativa Privada (IP) conocida como Conexión Centro. De acuerdo con la CCI, decisiones de esta naturaleza deben fundamentarse en criterios estrictamente técnicos, financieros y jurídicos, tal como lo establece la Ley 1508 de 2012 y las directrices del marco regulador de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Según el comunicado difundido por el gremio, el propósito de las iniciativas privadas es incentivar proyectos de infraestructura a gran escala, enfocados en cerrar brechas de conectividad, fortalecer la competitividad y generar impactos económicos y sociales en distintas zonas del país. Para la CCI, la viabilidad de estos proyectos debe analizarse en profundidad y evaluarse de forma integral, teniendo en cuenta los posibles efectos positivos que pueden traer para el desarrollo nacional. "Decisiones sobre la viabilidad de este tipo de proyectos requieren análisis completos y una evaluación integral sobre sus efectos positivos para el país", advirtió la Cámara.

La CCI mencionó además que la ANI cuenta con instrumentos legales e institucionales destinados a revisar las determinaciones tomadas, siguiendo siempre el principio de legalidad. El objetivo es asegurar que todo se ajuste al ordenamiento jurídico y se eviten posibles responsabilidades para el Estado. Estos mecanismos, según la CCI, garantizan un debido proceso administrativo y abren espacios para estudiar cuidadosamente los argumentos técnicos, financieros y jurídicos presentados por quienes originan la iniciativa.

Por otro lado, el gremio destacó la importancia de tener en cuenta la postura de los diferentes sectores regionales que apoyaron la IP Conexión Centro. Para sustentar este punto, se refirió a gremios, líderes regionales, congresistas y otros actores económicos y sociales que enviaron comunicaciones tanto al Ministerio de Transporte como a la ANI resaltando la relevancia de la iniciativa.

La IP Conexión Centro contempla una inversión cercana a los $7 billones, destinados a la intervención de unos 317 kilómetros en los corredores Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá-La Paila. Dentro de los alcances están cerca de 77 kilómetros de vía nueva, la creación de más de 54.000 empleos, y la puesta en marcha de acciones ambientales, como la siembra de más de 33.000 árboles nativos y medidas para fortalecer la seguridad vial.

La CCI reiteró los beneficios del modelo de Iniciativas Privadas, enfatizando que estos proyectos permiten su estructuración, financiamiento y ejecución con recursos exclusivamente privados. De esta forma, explican, el Estado puede liberar recursos públicos para destinarlos a sectores prioritarios como salud, educación, seguridad o justicia. Finalmente, la Cámara reiteró su compromiso de colaborar con una visión técnica e institucional al fortalecimiento de la infraestructura nacional y a la consolidación de la participación privada dentro del marco legal.

¿Por qué la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó la Iniciativa Privada Conexión Centro?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomó la decisión de rechazar la Iniciativa Privada Conexión Centro, lo cual generó el pronunciamiento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). El gremio indicó que tales determinaciones deben basarse en criterios técnicos, financieros y jurídicos establecidos por la Ley 1508 de 2012, aunque la información contenida en el comunicado no especifica los argumentos particulares presentados por la ANI para rechazar el proyecto.

¿Cuáles son los beneficios de una Iniciativa Privada (IP) en proyectos de infraestructura, según la CCI?

Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, las Iniciativas Privadas (IP) permiten estructurar, financiar y ejecutar proyectos grandes utilizando únicamente recursos privados. Esto le da al Estado la posibilidad de redirigir presupuestos públicos hacia sectores esenciales como salud y educación, especialmente en épocas de restricciones fiscales. Además, estas iniciativas pueden impulsar la conectividad regional, generar empleos y favorecer el desarrollo económico y social, siempre bajo la regulación de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.