Cali impulsa exoneraciones de impuestos para familias y comercios afectados por atentados en 2025

La Alcaldía de Cali formalizó la puesta en marcha de un decreto que establece beneficios tributarios temporales para las personas y establecimientos de comercio que resultaron perjudicados por los atentados ocurridos en junio y agosto de 2025. Dichos incentivos fiscales tienen como principal propósito apoyar la recuperación económica de los sectores impactados por la violencia, buscando que tanto familias como comerciantes logren estabilizarse tras las pérdidas sufridas. Este decreto surge en respuesta al Acuerdo Distrital 0627 de 2025, el cual autorizó al alcalde Alejandro Eder para activar medidas directas de alivio para los afectados, tal y como confirmó la Alcaldía en un comunicado dirigido a la ciudadanía.

Los beneficios implementados han sido diseñados específicamente para propietarios, poseedores y establecimientos de comercio que hayan tenido daños comprobados en los atentados registrados el 10 de junio y el 21 de agosto de 2025. Según lo dispuesto, los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos accederán a la exoneración total de varios impuestos clave, incluyendo el impuesto predial para los años 2026 y 2027, el impuesto de Industria y Comercio (ICA) en las mismas vigencias tributarias para los negocios ubicados en las zonas afectadas, y el impuesto de Delineación Urbana sobre las nuevas licencias de construcción necesarias para la restauración de los inmuebles, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La identificación de los beneficiarios se realizó a través de un censo elaborado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, dependencia que se encargó de verificar y certificar los daños sufridos, garantizando que los apoyos recaigan efectivamente sobre quienes más lo necesitan. A partir del informe técnico generado por dicha dependencia, la Subdirección de Impuestos y Rentas procederá a otorgar la exoneración a quienes figuren oficialmente en el listado, emitiendo el respectivo acto administrativo conforme a la normativa vigente.

No obstante, el beneficio también contempla la posibilidad de ser extendido a aquellas personas que no fueron incluidas inicialmente en el censo, siempre y cuando logren acreditar que fueron perjudicadas y presenten la solicitud ante las autoridades tributarias competentes. Esta inclusión posterior ofrece una vía adicional para otros afectados que, por distintas circunstancias, no hicieron parte del primer levantamiento de información.

El alcalde Alejandro Eder destacó la gravedad de la situación vivida durante el año anterior, recordando que la ciudad soportó seis atentados con consecuencias mortales y daños considerables en viviendas y comercios. Por ello, la implementación de estos alivios busca encaminar la reconstrucción y la recuperación de quienes fueron golpeados por los hechos. En esa misma línea, el director del Departamento Administrativo de Hacienda, Jhon Quinchua Ceballos, recalcó que el decreto permitirá que los beneficios tributarios lleguen de manera eficaz a los perjudicados, apuntando que el monto total de apoyos equivale a más de 3.400 millones de pesos, lo que representa un esfuerzo financiero orientado a revitalizar la economía local y a impulsar la reconstrucción de las zonas más afectadas.

¿Qué documentos requieren los afectados para acceder a los beneficios tributarios?

La administración distrital aclara que los propietarios y comerciantes que busquen ser incluidos en el programa de alivios fiscales deben presentar una solicitud documentada ante el Departamento Administrativo de Hacienda. Es indispensable acreditar los daños sufridos por medio de pruebas válidas que permitan la valoración de la afectación y, en caso de no estar censados, solicitar formalmente la inclusión mediante documentación adicional. De esta manera, la verificación rigurosa se convierte en un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y el enfoque correcto de los apoyos.

Esta pregunta resulta relevante porque permite comprender de manera clara los pasos que deben cumplir quienes fueron perjudicados por los atentados, y minimiza las posibilidades de exclusión o confusión dentro del proceso establecido por las autoridades. Una gestión documental adecuada es crucial, ya que permite que los recursos se distribuyan de forma equitativa y lleguen realmente a aquellos que más lo necesitan.