Aumento del salario mínimo en Colombia: ¿beneficia más a senadores y altos funcionarios que a los trabajadores?

El reciente debate en Colombia sobre un proyecto de decreto que prevé un posible aumento del 23% del salario mínimo ha captado la atención pública debido a sus impactos directos en el empleo, la inflación y el costo de vida. Sin embargo, una consecuencia igual de relevante, aunque menos visible, se relaciona con la manera en que este incremento impactaría los salarios más altos, incluyendo los de altos funcionarios estatales como los senadores, quienes podrían recibir aumentos superiores a 11 millones de pesos, según información recogida por El Colombiano. Así, la estructura salarial del país queda en entredicho, y el debate toma nuevas dimensiones.

En Colombia, el salario mínimo no solo constituye la base de remuneración para millones de trabajadores, sino que también sirve como unidad de referencia para otros pagos importantes. Entre estos destacan el denominado salario integral, que por ley corresponde a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Esta figura está destinada a trabajadores de alto ingreso, abarcando en un solo pago tanto el salario como las prestaciones sociales. De acuerdo con la legislación, cualquier modificación importante en el salario mínimo afecta de forma automática el umbral del salario integral; es decir, si el mínimo aumenta 23%, los ingresos de quienes ganan más de 18 millones de pesos mensuales también se elevarían en la misma proporción.

Este mecanismo no solo beneficiaría a ejecutivos y altos directivos, sino también a funcionarios públicos cuyas remuneraciones están atadas directa o indirectamente al salario mínimo, entre ellos senadores y magistrados. El incremento en sus sueldos, consecuencia inevitable del reajuste, supone un reto para las finanzas públicas y genera un efecto fiscal considerable, según puntualizó el economista y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega.

Ortega advierte, citado por El Colombiano, que un alza de esa magnitud podría aumentar el gasto estatal y llevar a un déficit fiscal, al conceder incrementos salariales que no guardan relación con la productividad o una política deliberada de redistribución. El caso más emblemático se observa en el Congreso: con el salario básico de un senador en 52 millones de pesos, un aumento del 23% significaría un ingreso adicional de 11.960.000 pesos mensuales, para un total de casi 64 millones mensuales.

Así, la utilización del salario mínimo como ancla para las remuneraciones más altas suscita cuestionamientos sobre la equidad del sistema, especialmente cuando las políticas buscan reducir la desigualdad. Voces expertas coinciden en que cualquier reforma debe acompañarse de cambios al esquema del salario integral, para evitar que una medida diseñada para proteger a los trabajadores de menores ingresos acabe ampliando, en la práctica, la brecha en la parte más alta de la estructura salarial.

¿Qué es el salario integral y cómo funciona en Colombia?

El salario integral es una figura contemplada en la legislación laboral colombiana, la cual agrupa en un solo pago tanto el salario ordinario como las prestaciones sociales, bonificaciones y recargos. Para acceder a este esquema, el trabajador debe recibir, como mínimo, el equivalente a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este modelo busca simplificar los pagos y está dirigido a empleados con altos ingresos.

Este sistema de salario integral adquiere especial relevancia en el contexto actual, pues un aumento en el salario mínimo automáticamente incrementa el umbral necesario para acogerse a esta modalidad, así como los ingresos de aquellos que ya disfrutan de este tipo de contratos. Por ello, el debate sobre su eficacia y su impacto en la equidad salarial sigue siendo central en las discusiones sobre la reforma laboral en Colombia.