Aumento del salario mínimo 2026: ¿más ingresos o mayor informalidad laboral? Asobancaria en alerta

La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) manifestó una profunda inquietud ante el reciente aumento del salario mínimo decretado para 2026. Según el gremio, este importante ajuste podría ejercer una presión significativa sobre la inflación, restringir el acceso al crédito y potenciar la informalidad en el mercado laboral colombiano. En su declaración, la organización recordó que el salario mínimo representa el umbral legal para los trabajadores formales, pero insistió en que cualquier decisión sobre su incremento debería estar fundamentada en un análisis exhaustivo de la situación económica, productiva y de precios del país, buscando evitar efectos nocivos sobre el empleo y el bienestar de los hogares.

De acuerdo con datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), alrededor de 11,4 millones de personas en Colombia —es decir, el 49 % de los ocupados— reciben ingresos inferiores al salario mínimo, la mayoría de ellas dentro de la informalidad. Apenas 2,4 millones de trabajadores, equivalentes al 10 % de los ocupados, perciben exactamente el salario mínimo. Asobancaria resaltó, además, que en el último año, 1,2 millones de personas adicionales pasaron a ganar menos de un mínimo, mientras que quienes perciben exactamente el salario mínimo disminuyeron en 1,3 millones. Este fenómeno se traduce en una degradación progresiva en la calidad del empleo, manifestando un reto considerable para el mercado laboral del país.

La organización sostuvo que un aumento del salario mínimo superior a los índices de inflación y productividad tiene efectos directos en el alza de los precios. De acuerdo con sus estimaciones, por cada punto porcentual que el incremento exceda los parámetros técnicos, la inflación podría incrementarse entre 10 y 16 puntos básicos. Ante el ajuste decretado del 23,7 % para 2026, Asobancaria calcula que el impacto en la inflación oscilaría entre 165 y 263 puntos básicos.

Este contexto implica, según el gremio, una limitación importante para el margen de maniobra del Banco de la República, la institución encargada de la política monetaria nacional. Un aumento en los precios podría llevar a la autoridad monetaria a considerar subir su tasa de política monetaria en el primer semestre del año, lo que encarecería el acceso al financiamiento para hogares y empresas. Tales condiciones afectarían directamente decisiones como la inversión en educación, proyectos de emprendimiento y la adquisición de vivienda, enfriando así la actividad económica y el crecimiento del país.

Finalmente, Asobancaria argumentó que incrementos excesivos del salario mínimo terminan elevando los costos laborales y reduciendo la capacidad de las empresas para contratar, lo que genera incentivos para la expansión de la informalidad. En consecuencia, lejos de mejorar la situación de los trabajadores más vulnerables, estas medidas pueden profundizar la exclusión del empleo formal, agravando la desigualdad y limitando el acceso a mejores estándares de vida.

¿Por qué el aumento del salario mínimo puede influir en el crecimiento de la informalidad laboral?

Esta pregunta surge de la preocupación expresada por Asobancaria respecto a cómo incrementos significativos del salario mínimo pueden dificultar la capacidad de las empresas para sostener sus costos laborales, especialmente aquellas de menor tamaño o productividad. Cuando el salario mínimo se eleva por encima de lo que la economía puede soportar, puede darse una reducción de la contratación formal, lo que obliga a los trabajadores a aceptar empleos sin garantías legales ni prestaciones sociales.

El crecimiento de la informalidad laboral afecta directamente a la protección de los trabajadores, pues limita el acceso a la seguridad social y a condiciones laborales dignas. Además, la informalidad disminuye la recaudación fiscal y dificulta la ejecución de políticas públicas para el bienestar social. Debido a esto, la relación entre el salario mínimo y la informalidad sigue siendo un elemento clave en el debate sobre políticas salariales en Colombia.