¿Salario mínimo en jaque? El aumento del 23,7% en Colombia desata demanda y debate nacional

El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, establecido en un 23,7 % por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre pasado, ha generado una controversia nacional que va más allá de lo meramente salarial. La decisión del Ejecutivo, que elevó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte a dos millones de pesos (aproximadamente 538 dólares), fue formalizada mediante decreto y ha sido objeto de discusión tanto en el ámbito judicial como empresarial. Según información de EFE, un exmagistrado, actuando como representante legal de un ciudadano, interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y Hacienda, alegando que este incremento impactaría directamente tanto en el empleo como en la viabilidad de las pequeñas empresas.

El recurso judicial sostiene que el Gobierno vulneró el derecho fundamental al debido proceso al establecer el salario mínimo sin una valoración suficiente de sus efectos económicos y al omitir el cumplimiento integral del mecanismo de concertación tripartita. Este mecanismo implica la participación conjunta del Estado, los empresarios y las centrales sindicales para definir el ajuste anual del salario mínimo. El documento presentado argumenta que el incremento, al entrar en vigor desde el 1 de enero, provoca un aumento significativo de los costos laborales y coloca en riesgo la sostenibilidad de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la de los trabajadores informales.

Frente a este panorama, el recurso solicita que un juez ordene la suspensión temporal de los efectos del aumento mientras se estudia de fondo la posibilidad de dejar sin efecto los decretos que lo respaldan. El argumento central apunta a la necesidad de evitar daños irreversibles en el corto plazo, dados los posibles impactos para distintos sectores económicos.

De forma paralela a la acción judicial promovida por el exmagistrado Linares, el Consejo Gremial Nacional, organismo que agrupa a las principales patronales de la industria colombiana, también acudió a la Corte Constitucional para solicitar la nulidad del decreto que fijó el aumento del salario mínimo.

Adicionalmente, se pide la anulación del Decreto 1390 de 2025, emitido el 22 de diciembre, con el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social durante 30 días, buscando implementar medidas tributarias extraordinarias para enfrentar el déficit fiscal. Estos antecedentes reflejan la complejidad y sensibilidad que implica la fijación del salario mínimo en el país, proceso que, en teoría, debe negociarse entre centrales obreras y empresarios bajo mediación estatal a finales de cada año. Cabe señalar que, si no se alcanza un consenso, el Gobierno está facultado a fijar el monto por decreto, tal como ocurrió en esta ocasión.

La decisión presidencial fue ampliamente debatida, pues muchos sectores consideraron que el porcentaje de aumento era excesivo. Dicha preocupación surge porque sobre el salario mínimo se calculan aportes a la seguridad social y copagos al sistema de salud, entre otros conceptos, lo que, advierten, podría incidir en la inflación y afectar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.

¿Cómo funciona la concertación tripartita para definir el salario mínimo en Colombia?

La pregunta surge debido a que uno de los puntos más debatidos en la controvertida decisión del salario mínimo fue el señalamiento sobre la falta de cumplimiento del mecanismo de concertación tripartita. Este término hace referencia al proceso en el que intervienen las tres partes principales vinculadas a la economía laboral: Estado, empleadores y centrales sindicales. Todos participan con el objetivo de negociar anualmente la actualización del salario mínimo en busca de un equilibrio entre sostenibilidad empresarial, condiciones laborales y políticas públicas.

Habitualmente, esta concertación se desarrolla en las últimas semanas del año. Si las partes logran un acuerdo, el nuevo salario se oficializa a través de decreto. De lo contrario, la normativa colombiana habilita al Ejecutivo para determinar unilateralmente el incremento. La reciente ausencia de consenso evidencia la dificultad de equilibrar los distintos intereses en juego y subraya la relevancia de este mecanismo para la vida económica del país.