Militares confiesan: la verdad detrás de la masacre de Barrancabermeja que el Estado ocultó por 26 años

A casi tres décadas de la masacre ocurrida en la comuna 7 de Barrancabermeja, sucedida el 16 de mayo de 1998, la verdad sobre la responsabilidad del Estado comienza a salir a la luz. Según revelaciones presentadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y difundidas por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, varios oficiales retirados del Ejército han confesado su papel en la coordinación con grupos paramilitares, específicamente las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC). Esta alianza permitió una incursión criminal que dejó un saldo de siete personas asesinadas, 25 secuestradas —de las cuales 15 continúan desaparecidas— y un profundo dolor en la memoria colectiva de la ciudad.

El entonces mayor Oswaldo Prada Escobar, exjefe de inteligencia del Batallón Nueva Granada, reconoció que previo al ataque existió una reunión con altos oficiales y miembros de las AUSAC, donde se discutió la entrada de hombres armados y encapuchados a la comuna. Prada confesó que la Fuerza Pública se retiró de la zona el día de la masacre bajo el pretexto de una supuesta reunión militar, permitiendo que los paramilitares actuaran sin ninguna intervención estatal. Tras los hechos, algunos oficiales intentaron crear la apariencia de una reacción del Ejército elaborando órdenes de operación falsas, aunque estas nunca fueron formalizadas.

Por su parte, el capitán retirado Álvaro Enrique Daza Camargo, responsable de una base militar en Barrancabermeja, reconoció que había recibido la orden explícita de no interferir durante la incursión y de permanecer inmóvil, consciente del riesgo que eso suponía para la población civil. Durante su declaración ante la JEP, Daza ofreció una disculpa pública a las víctimas, manifestando el pesar que ha cargado durante años por su silencio y obediencia a una directriz que derivó en tragedia.

Ambos militares mencionaron al mayor Carlos Ávila Avendaño, jefe de operaciones de la época, como responsable de haber dado instrucciones para retirar retenes y facilitar el paso de los secuestrados fuera del área de la masacre, reforzando así el encubrimiento posterior y evitando que los altos mandos fuesen implicados en la investigación.

El testimonio del capitán retirado Jorge Eduardo González, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja, añadió otra pieza clave al relato. González admitió haber actuado como enlace entre la inteligencia militar y los paramilitares, además de participar directamente en la planeación del ataque. Según él, el objetivo consistía en capturar supuestos guerrilleros y reforzar el control de la zona por parte de las Autodefensas; sin embargo, reconoció que nunca imaginaron la magnitud de las muertes y desapariciones que terminaron causándose.

Las confesiones actuales concuerdan con declaraciones previas de paramilitares como alias “Panadero”, quienes ya habían detallado cómo la Fuerza Pública facilitó el ingreso, permanencia y posterior retirada del grupo armado. De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, la Fiscalía aún mantiene en investigación la masacre. Si bien varios oficiales han declarado bajo juramento, únicamente el mayor Prada fue privado de la libertad y vinculado luego a la JEP, mientras que otros altos mandos todavía no afrontan procesos judiciales.

Estos relatos ante la JEP revelan la magnitud de un entramado de silencios, complicidades y presiones cuyo objetivo, durante décadas, fue proteger a los verdaderos responsables y obstaculizar la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y sus familias. Recién ahora, la construcción de la verdad tiene la oportunidad de abrir un espacio para la memoria y la reparación.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuál es su función en casos como la Masacre de Barrancabermeja?
La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada de manera recurrente en las declaraciones y procesos relacionados con la masacre, es un organismo colombiano encargado de investigar, juzgar y sancionar a quienes participaron en el conflicto armado, incluyendo miembros de la Fuerza Pública, guerrillas y grupos paramilitares comprometidos en crímenes graves. Su función es esclarecer la verdad, promover la justicia restaurativa y buscar la no repetición. En casos como el de la Masacre de Barrancabermeja, la JEP adquiere un papel central al permitir que los responsables reconozcan sus crímenes y aporten información clave, facilitando así procesos de reparación y reconciliación tanto para las víctimas como para la sociedad en general, siempre bajo supervisión judicial y con el respaldo de testimonios y pruebas verificadas.