Multas récord y cierres en Bogotá: así cambia la nueva Ley Antiruido y el control ambiental en 2025

En el transcurso del año 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) se erigió como una de las instituciones clave en la defensa de los recursos naturales de la ciudad. En este período, la entidad aplicó un total de 304 sanciones, cuyo valor global alcanzó los $1.569.888.355, dirigidas tanto a particulares como a empresas que incumplieron las normativas ambientales vigentes, según cifras publicadas por la propia SDA. Este ejercicio de control estuvo respaldado por el inicio de 2.430 procesos sancionatorios. Entre las conductas vigiladas sobresalieron los vertimientos irregulares, la gestión incorrecta de residuos, la infracción de normas sobre publicidad exterior visual y emisiones de ruido, la afectación de la calidad del aire, así como daños a áreas protegidas y a especies de flora y fauna silvestres.

En palabras de Adriana Soto, secretaria de Ambiente, la protección del agua, el suelo y la biodiversidad resulta indispensable para fortalecer la capacidad de Bogotá de adaptarse a los retos climáticos. Por tal motivo, la SDA intensificó durante el año pasado las tareas de evaluación, control y seguimiento, permitiendo así una actuación más oportuna frente a los infractores. Se destaca que las localidades de Kennedy, Fontibón, Suba, Usme, Puente Aranda y Barrios Unidos sumaron conjuntamente 1.371 investigaciones, es decir, casi el 57% del total de procesos abiertos en 2025, lo que evidencia focos importantes de intervención dentro de la ciudad.

Las labores de la autoridad ambiental incluyeron la imposición de 32 medidas preventivas, entre decomisos y suspensiones de actividades, principalmente a establecimientos comerciales que incumplieron protocolos en el manejo de residuos de construcción y demolición, realizaron obras no registradas, o no contaban con sistemas adecuados para mitigar el ruido y tratar aguas residuales. Así mismo, se intervinieron casos de tenencia irregular de flora y fauna silvestres, haciendo hincapié en la exigencia de los permisos requeridos para su posesión.

El control sobre el ruido ambiental adquirió particular relevancia tras la entrada en vigor de la denominada Ley Antiruido en marzo. Esto llevó a la SDA a establecer nuevos procedimientos y exigencias para establecimientos comerciales y eventos en escenarios artísticos, exigiendo, por ejemplo, que los sistemas de sonido estén orientados al interior de los locales y se dispongan barreras físicas para impedir que la contaminación auditiva impacte negativamente a los vecinos.

Como resultado de este enfoque, durante 2025 se ordenó el cierre preventivo de ocho establecimientos en Chapinero y Usaquén por no cumplir los criterios de control de ruido, aunque cinco de ellos reabrieron tras corregir las deficiencias. Según la secretaria Soto, la verificación técnica ahora incluye no solo mediciones en laboratorio sino también inspecciones sobre los sistemas de control de ruido existentes en los predios. La autoridad reitera a la ciudadanía y a los comerciantes la importancia de informarse y dar cumplimiento a la normativa ambiental, recordando que los canales de atención permanecen abiertos para orientar en la protección de los recursos de Bogotá.

¿Qué implicaciones tiene la Ley Antiruido para los establecimientos comerciales?

La inquietud sobre la Ley Antiruido surge de la necesidad de comprender cómo las nuevas regulaciones modifican las operaciones de bares, restaurantes y espacios de esparcimiento. Esta normativa, implementada en marzo por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, exige a los propietarios instalar medidas técnicas para evitar la propagación de ruido fuera de sus establecimientos.

El hecho de que la falta de cumplimiento derive en sanciones inmediatas, como la suspensión de actividades, ha provocado un cambio en las prácticas empresariales y en la relación entre los establecimientos y las comunidades vecinas. Así, el desafío consiste en adaptar las actividades comerciales a los criterios ambientales, asegurando la tranquilidad ciudadana y evitando conflictos que afecten la convivencia urbana.