Resistencia a las normas, rebeldía ante la fijación de límites, intransigencia que impide que se llegue a acuerdos tácitos de convivencia, desborda al colectivo social colombiano. Materialización de la violencia, intimidación que propaga el culto al miedo a través de las milicias urbanas que se conocen como “primera línea”, desdibuja el concepto de autoridad y envalentona a todos aquellos que no están de acuerdo con el establecimiento de reglas que propenden por atender el grave problema de inseguridad que circunda las calles del país. Solución compleja al inconformismo ciudadano, que necesita del aporte de todos, no puede caer en la híper-simplificación de un problema que va mucho más allá del sicariato y el robo que se ejerce a diario desde las motocicletas. Lejos de la estigmatización de los propietarios de uno de los vehículos de locomoción más populares en Colombia, o quienes circulan como parrilleros, la discusión debe centrarse en la regulación que debe existir, pero que nadie se atreve a abordar por el costo político que ello implica.

La respuesta de la sociedad a un pésimo servicio de transporte, que ninguna administración pública ha logrado solucionar, exalta la convergencia de un derecho a la movilización con un problema de seguridad que se constituye en el cuello de botella que demarca un discurso de odio y de clases. Gente decente y trabajadora, que se siente vilipendiada con el planteamiento restrictivo de la Alcaldía de Bogotá, se niega a reconocer que los motociclistas son los actores viales que más infringen normas de tránsito, generan problemas de movilidad, y por ello requieren de regulación. No todo el que se sube a una moto es un delincuente, pero sí se requiere de una serie de pautas que permitan su identificación, impronta de una placa en cascos, chalecos, maletines y demás elementos que son portados por el motorista, se suman a una multiplicidad de factores que llaman a dejar de lado medidas tibias y centrar la discusión en el gravamen que se debe imponer a un actor que hace uso de las vías públicas.

Las motocicletas son un medio de transporte para familias, comerciantes, domiciliarios, guardas de seguridad, agentes del orden, entre muchos otros, pero ello no es óbice para dejar de pensar en la necesidad de imponer un impuesto de rodamiento, pago de peajes, que solventen el gasto que se requiere para controlar y meter en cintura un fenómeno que se ha desbordado. Secreto a voces, que no pueden ocultar los clanes de motos, es el peligro que representa un colectivo que circula por los andenes, se vuela los semáforos, anda en contravía, zigzaguea en las avenidas y se atraviesa a los carros, ligereza de conductores que por evadir trancones convierten las vías en un campo de batalla que coadyuva a los criminales. Desbordado incremento de la malla de automotores, de dos ruedas, hace pensar en la urgente necesidad de explorar restricciones a la movilización, medida de pico y placa, y reforzar los requisitos para acceder a los pases o licencias de conducción.

Egoísmo que denotaron los motociclistas esta semana deja claro que ellos no están dispuestos a brindar su aporte a la solución del caos de movilidad y seguridad que se vive en la nación. Actitud revolucionaria que se palpa en los bloqueos, las movilizaciones, y demás actos vistos en estos días, son la materialización de un matoneo de una manada que ataca en combo, tal y como lo hacen con los conductores de automóvil en medio de un accidente. Cultura ciudadana que está ausente, en las divergentes capas poblacionales, deja entrever que el problema no se circunscribe a un solo agente vial; carros, bicicletas y ciudadanos de a pie también tienen su cuota de responsabilidad en una galería de barbaridades que concentran un problema de irresponsables al volante, negligentes que no acatan las normas de tránsito e infinidad de cicutas que mantienen en servicio automotores en mal estado e incluso sin papeles.

Al igual que los carros particulares y los vehículos de transporte público, las motocicletas deben ser vigiladas por las autoridades, medidas de control, no de represión, enaltecen la evasión y renuencia de los propietarios de las motos para adquirir el Soat, principio básico de seguridad que indica la renuencia de estos actores para contribuir como todos. Doloroso es para el bolsillo lo que acá se discute, pero las motocicletas impactan la movilidad, contaminan, congestionan y contribuyen a la inseguridad, fueron la solución a un inconveniente que ahora los gobiernos, locales y nacional, deben ver y legislar. Algunos dirán que por unos pagan todos, pero es hora de reconocer que el problema está mutando y los ciclistas no pueden pasar de agache, descripción gráfica de un bárbaro en las vías que se niega a usar las ciclo-rutas y se cree con derecho a pasar por encima de normas y peatones.

Grave problema de la sociedad moderna es la ausencia de tolerancia, explosión de insatisfacción con las entidades gubernamentales, y su incapacidad de asumir responsabilidades con lo que está pasando. Apoyo a la desestabilización, afinidad de asociaciones ciudadanas con grupos políticos y organizaciones al margen de la ley, atiza la inseguridad que no se puede circunscribir únicamente a los motociclistas. La gente quiere ver acciones efectivas, ejército y policía en las calles deben concentrar esfuerzos para controlar una delincuencia desbordada con el brazo operativo e intelectual de bandas transnacionales. Lo que hoy se vive en Colombia es el resultado de años y años de mala planeación de las ciudades, concepción de gobierno que acrecienta la desigualdad y llevan a la población a hacer uso de la agresión para imponer la ley del más fuerte.

No se puede guardar silencio, la situación esta complicada, es obvio que son muchos los que se movilizan en motos y no es justo que sean rotulados como bandidos, pero hay que atacar una anomalía que toma carrera y es aprovechada por algunos para dar cátedra de moral y buenas acciones. Obstinación de dividir y polarizar el país está minando un ambiente de estabilidad con la animadversión política fundada en una opresión que se encuentra sustentada en el desempleo, la corrupción, la inflación, y demás ejes coyunturales que son estandarte en medio de una campaña con ideología de revolución que tiene como sueño construir en toda Latinoamérica una sola barricada. Búsqueda afanada del poder lleva a la captación de idiotas útiles que actúan, con barbarie, en función de las mentiras y resentimientos que son explotados, por quienes dicen ser una renovación, mientras meten el dedo en la yaga para lastimar a las clases menos favorecidas.

Complejo es que la unión de clubes de motociclistas haga hasta lo imposible por atizar los ánimos en pro de propuestas alternativas que les permitan hacer lo que se les da la gana, pues para ellos el concepto de la norma y los límites perdió todo sentido. Divergencia social que condujo a alzar la voz con el ensordecedor clamor de los motociclistas, no puede nublar el caos que genera un gran porcentaje de ellos. Repulsión, de un grueso de la población, contra las motos, sus conductores y los parrilleros, solo cambiará cuando demuestren que son capaces de respetar los límites de velocidad, los andenes, los pasos peatonales, las ciclovías, las zonas verdes, los automóviles y a los transeúntes. Cambio social inicia con la transformación de cada uno de los actores, subestimar los problemas lleva a sorpresas desagradables, por eso es urgente abordar la regulación y que los motociclistas no sigan siendo una tarea pendiente.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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