Lejos de una descontextualización de la realidad, los graves señalamientos que salen a flote, en medio de la campaña electoral, requieren de la acción inmediata de la justicia y un pronunciamiento claro, directo y firme de los implicados. Silencio ruidoso, e incómodo, que acompaña a la cabeza visible del movimiento ciudadano, de quien dice comandar un pacto histórico por Colombia, siembra serias dudas sobre un proyecto político que apuesta por un giro de 180º en el ejercicio del poder y la política social de la nación. Escándalo de Piedad Córdoba, conexidad de movimientos y personajes cuestionados por sus nexos con las maquinarias electorales, la compra de votos y las cuotas burocráticas, radicalizan una contienda que, lejos de las propuestas que atiendan las necesidades del colectivo social, está enfrascada en una cacería de brujas que explota la rabia, exalta la corrupción, desata la violencia y aviva los odios para ahondar en la polarización que desvía la atención sobre lo verdaderamente importante, el futuro del país.

Débiles alianzas que se han constituido en busca de una sólida aspiración que pueda atajar la ventaja que lleva una candidatura ejercida por 4 años desde el legislativo, en uso del estatuto de la oposición, sucumben ante las vanidades de ególatras políticos que solo se destacan por sus disputas internas y la tibieza de sus propuestas que no salen de lugares comunes. Cacería de votos, de cara a los comicios del 13 de marzo, llama a pasar del dicho al hecho, bandera anticorrupción que agitan las corrientes de izquierda, centro y derecha se ve salpicada por las cartas que se destapan y dejan en evidencia que en todas las partes se cuecen habas. Inmaculadas figuras que han construido, los estrategas de comunicación de cada ideología, difícilmente logra ocultar una trayectoria de quienes han servido a los propósitos de grupos alzados en armas, las dictaduras de naciones vecinas, y ahora apuestan por la retórica populista de propuestas marxistas.

Refugios políticos, en el que buscan camuflarse zorros caciques de los otrora partidos tradicionales, se constituyen en trincheras desde las que despliegan tácticas de ataque, algunas calumnias mediáticas, que son repudiadas cuando se revierten y sacan a la luz lo que para muchos era un secreto a voces desde hace muchos años. Peligro para la sociedad, y la democracia de la nación, es tratar de minimizar los hechos y reducir las acusaciones al proceder de enemigos políticos que optan por el linchamiento social en el marco del proceso electoral. Predecible, hipócrita y cobarde carta que se juega quien pretende fungir de víctima, por ser mujer, negra y de izquierda, no puede eclipsar que son muchas las coincidencias que despiertan sospechas y aclaman que el poder jurídico tome la batuta para avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los vínculos de las FARC, y las actividades ilícitas, con la política colombiana.

Negociación con secuestrados, vínculos con el narcotráfico que tiene presos a familiares, alianzas con delincuentes de cuello blanco, aceitada monetaria a las maquinarias de votos en la costa norte, apuestas burocráticas y contractuales finiquitadas en relaciones extramatrimoniales, son señalamientos que, desde la óptica miope de la justicia, tazan su gravedad dependiendo de la doctrina que se profesa y el liderazgo político que se acompaña. Actuar desigual, de cortes y de jueces, deslegitima el adecuado proceder de instancias encargadas de velar porque el peso de la ley recaiga sobre los bandidos. En Colombia, toma carrera que la palabra de los delincuentes tiene más valor que la de los ciudadanos de bien, privación de la libertad y el pago de las consecuencias por los actos perpetrados depende de la capacidad que se tiene para ir al exilio o la destreza para desvirtuar la acusación de un malhechor en busca de rebaja de penas.

Desatinado proceder de la Corte Suprema, la JEP, ONGs, y demás entes, resguarda el mezquino operar de ese eje del mal que expande sus tentáculos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Impunidad que ha reinado en los casos de Aida Merlano, Simón Trinidad, o Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, por solo mencionar algunos, hace temer por el diseño de una maqueta que materializará un paraíso en el que se blindarán, de una pena local, a malandrines que hoy defienden las tesis humanas y también podrían ser pedidos en extradición. Ansias por llegar al poder ha llevado al pacto histórico a justificar las salidas en falso de sus militantes y la admisión de corruptos politiqueros, deja en evidencia que no están tan desmarcados del socialismo del siglo XXI como lo quieren hacer ver. Esquema de acomodar interpretaciones de sentencias, que algunos persiguen en medio de la coyuntura, difícilmente desvirtuará la información que existe en el computador de Raúl Reyes y la justicia se niega a aceptar desde 2.008.

Presunción de inocencia se respeta, pero cercanía de ciertos sujetos con las campañas presidenciales hace imposible pensar en un escenario más grande, la figura de un gobernante apartado de la olla podrida de la moral que lava expedientes y canoniza la vieja y asquerosa forma de hacer política en Colombia. Para verdades está el tiempo, refritos de la FARC-política, entrampamiento de Marlon Marín Marín, falsos positivos como el de Viktor Tomyuuk, alias el Ucraniano, señalamientos de un ex–asesor, Andrés Vásquez Moreno, o informes calumniosos como el del parlamentario ecuatoriano, Fernando Villavicencio, como los califica y ahora busca desvirtuar Piedad Córdoba tienen un denominador común que trae a la memoria el adagio popular “cuando el rio suena piedras lleva”. Años perdidos para el esclarecimiento de hechos, urgente necesidad de conocer la verdadera historia del conflicto y efectuar una real reparación a las víctimas, demanda que cada uno de los actores sustente sus afirmaciones y aporten a la construcción de una nueva realidad en el país.

Triste es saber que en Colombia la justicia protege y actúa en favor de los vándalos, procesos interminables con pruebas desconocidas que conducen a millonarias indemnizaciones, están desangrando el erario. Clanes de poderosos, mafias integradas por gente de bien, que circundan a la clase dirigente del país son defendidas por una rama del poder que se niega a dar celeridad jurídica a las investigaciones que pueden conducir a la muerte política y la privación de la libertad de esos oscuros personajes. Atroz vínculo de mermelada, danza de los millones que ciñe la convergencia de la justicia con la política, corrompen las leyes y sus instituciones. Hoy no se sabe quién juzga a quien, los delincuentes hacen de las suyas en la calle, o en las instituciones públicas, y los inocentes están en la cárcel o siendo juzgados.

Macabro proceder de soberbia, mentira y manipulación que normaliza las prácticas corruptas y deshonestas de aquellos que pretenden tomarse el poder en Colombia violenta las libertades del colectivo social. Personas sin sentido común, y falta de memoria, son las que apoyan a esos politiqueros que apuestan por la desestabilización de la nación para conseguir sus propósitos. El país requiere que se esclarezca la realidad de todos los señalamientos que han salido a la luz en los últimos días, piromanía de quienes se aproximan a la candela genera incertidumbre ante lo que puede llegar para los colombianos en el próximo cuatreño. Grave es que los principios y el talante político de los dirigentes lleve consigo malas compañías y amistades cuestionables, de tiempo atrás, que a duras penas pueden negar sin siquiera sonrojarse.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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