Estoy seguro que muchos de nuestros empresarios internacionales en Panamá son únicos accionistas que llevan años sin pisar este país. Quienes así lo hicieron así, lo hicieron mal.

Pero empecemos por el principio de los tiempos.

La clave está en el concepto de opacidad, que según el diccionario de la RAE significa:

  1. adj. Que impide el paso a la luz, a diferencia de diáfano.
  2. adj. Oscuro, sombrío.
  3. adj. Triste y melancólico. (Olvidemos esta definición, aunque bien nos defina)

La magia de Panamá esta en su capacidad para ocultar activos, en la opacidad  que se obtiene para hacer prácticamente imposible identificar la propiedad de las empresas, beneficiarios reales, utilidades, activos o el valor de los mismos.

En Panamá crean empresa los buenos y los malos. Todo colombiano puede tener inversiones en la jurisdicción que quiera y criminalizarlo es tonto, pues seríamos el único país del mundo que pide a sus nacionales solo invertir en sus fronteras. El único país decente por lo menos.

El problema son los efectos de tener una sociedad en Panamá. En los últimos días hemos visto a todos quienes han sido mencionados en los “PanamaPapers” expiar sus culpas tras una lacónica afirmación. “Esas inversiones están declaradas”.

Vamos a aclararnos

Con todo el escándalo la primera tarea de la Dian ha sido verificar quien esta ocultando sus inversiones y quien  las ha declarado, con los primeros es sencillo, fiscalizarlos e imponer sanciones. Con los segundos no tanto, pues incluso, suponiendo que por un extraño ataque de sinceridad todas las inversiones se encuentren declaradas, siguen estos empresarios teniendo un problema fundamental.

Pregunta. ¿Cuál es el domicilio fiscal de esas empresas?

-No el del papel, de verdad.

Respuesta. Casi siempre Colombia.

El artículo 12.1 del estatuto tributario, incluido con buen criterio en el año 2012, indica:

Se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que durante el respectivo año o periodo gravable tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano. 

Es decir que cualquier empresa del mundo cuya sede efectiva de administración sea Colombia, se considera tan colombiana como las que se constituyen desde la Guajira hasta el Amazonas.

El concepto de sede efectiva de negocios es difícil de establecer, es una lucha entre dos. El trabajo del país consiste en arrastrar a su jurisdicción la mayor cantidad de empresas y el interés de estas es separarse lo más lejos posible

Los colombianos implicados en el escandalo hasta ahora se justifican bajo la inclusión de sus inversiones en la declaración de sus activos y eso sirve para quienes apenas tienen pequeñas participaciones, pero para aquellos que constituyeron sociedades que controlan desde el país pero ofrecen productos y servicios que son manejadas al 100% desde Colombia, están en una situación mucho más compleja, porque esa sociedad que se cree tan panameña puede terminar siendo, muy, muy colombiana y por lo tanto obligada a declarar y pagar impuestos en Colombia, hecho casi que con seguridad no habrán realizado.

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