De mal en peor

Descomposición del aparato jurídico colombiano, y cada una de las instituciones conexas a él, hacen palpable que en el país la corrupción se tomó todas las instancias y no existe un límite que impida caer más bajo. Informe periodístico, publicado por Noticias Caracol, que dejó en evidencia las prebendas que tenía Carlos Mattos, dentro y fuera de su lugar de reclusión, es la punta del iceberg de un problema coyuntural, la justicia está al servicio de los poderosos delincuentes. El INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, es el fiel reflejo de todo lo que está mal en los organismos públicos. Escándalo que ahora sonroja a muchos, y rasga las vestiduras a otros, es la secuencia de una serie de hechos que como sociedad se han normalizado y distantes están de lo que debería ser un proceso de resocialización de quienes se encuentran internos en las cárceles de la nación.

Reiteración de escándalos -viajes de quienes están en prisión domiciliaria, fiestas, extorciones, fugas en las cárceles, por no hablar de las celdas estrato 6 que se permiten al interior de estas- es la prueba fehaciente de que los delincuentes hacen lo que les da la gana y nadie dice o hace absolutamente nada. Investigaciones exhaustivas que se anuncian no pasaran de ser un filtro distractor que cortará la soga por el lado más débil, pero no tocará a quienes desde arriba dan las órdenes y ahora solo intentan quedar bien. Negocio que se teje en el bajo mundo de los centros de reclusión ha dejado a la luz pública, un secreto a voces que hay que zanjar de tajo, todos los presos tienen la posibilidad de comprar una salida, beneficios administrativos, celdas, visitas, traslados, teléfonos personales y un sin número de elementos e irregularidades que son el pan de cada día. Hedor de corrupción que invade al INPEC ratifica que es inminente y necesario liquidar esa Institución, inviable, que perdió el rumbo a manos de sus funcionarios que hacen miles de triquiñuelas respaldados por un nefasto sindicato.

Cárceles resort, suites en los cantones militares, cuestionables permisos para salidas a restaurantes o reuniones familiares son tan solo unos ejemplos que sacan a flote que lo acontecido con Carlos Mattos no es una excepción, son múltiples los informes periodísticos que lo han advertido en los últimos meses. Caída del director del INPEC y el director de la Cárcel La Picota es el contentillo que brindo el gobierno a la opinión pública sin asumir el costo político que le corresponde al Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, que hace tiempo demostró que el cargo le quedó grande, y se le salió de las manos, por lo cual evita dar la cara al país y responder los múltiples cuestionamientos que sobre él recaen. Danza de irregularidades que se siguen conociendo ratifican que las cárceles en Colombia son clubes sociales para los hampones y corruptos que tienen los recursos económicos para manejar y corromper las respectivas autoridades.

Mal está el país con la podredumbre social, la ineficacia de la justicia, y la mediocridad de maquiavélicos abogados cómplices que hilan delgado la interpretación de la ley, participan de las jugaditas burlonas, y luego fungen de víctimas. Respeto que dicen tener por el derecho llama a cuestionar el encubrimiento, que se hizo evidente, al no denunciar las irregularidades de su defendido y por el contrario cohonestar con encuentros ilegales con su cliente en oficinas privadas, y con la mayor familiaridad compartir con el reo la ingesta de alimentos, y la locomoción en vehículos privados, fuera de la cárcel. A parte de escandaloso, lo visto en los vídeos del canal Caracol exalta la urgente necesidad de que las instancias pertinentes investiguen la actuación de los abogados implicados en esta situación y se les aplique todo el peso de la ley con las pruebas que se aportan en esa investigación periodística.

Es importante que se indague, señale y condene a todos los responsables del detrimento de la justicia en la nación, pero también es de suma responsabilidad aplicar una reforma al poder jurídico para que la ley no sea solo estricta e inflexible con el pobre que no tiene con qué pagar sobornos. Toma carrera en Colombia que los millonarios corruptos gozan de plena libertad para salir y entrar cuando quieran de su celda en la cárcel, pues las autoridades están arrodilladas al poder corrupto. Lo de Carlos Mattos, Diego Cadena, Aida Merlano, Andrés Felipe Arias, Emilio Tapia, Mancuso, Santrich en su momento, entre otros presos, son la confirmación de que en Colombia la justicia no existe. Si usted todavía lo duda solo es necesario invitarlo a revisar la historia del país y que vea cómo los guerrilleros, que tanto mal causaron a la nación, están sentados en sus curules en el legislativo, sin pagar una pena, dando “cátedra de moral”.

Hace rato deambulan orondos por las calles de todas las ciudades colombianas sujetos que con la ley del billete y la laxitud de la justicia reinciden sin problema en el delito. Nido de corrupción, que es imposible negar en el INPEC, llama a atender de forma inmediata el atropello que muchos están propinando al sistema judicial colombiano. Un malhechor, prófugo, que llegó a la nación extraditado paseando libremente por la ciudad, cuando debería estar cumpliendo su pena en La Picota, deja mucho que decir de la justicia de este país, pero peor muestra de desvergüenza es saber que el INPEC encubrió la salida, a pasear por Panamá, de Diego Cadena a quien desde diciembre se le revocó su libertad y se le ordenó volver a prisión domiciliaria. Problema grave es que en Colombia muchos reciben beneficios y tratos especiales por los círculos en los que se mueven y las personas a las que representan, abogados que se creen con licencia para burlarse de la ley y de todos los ciudadanos.

No se puede permitir que Colombia se constituya en un santuario para delinquir, convergencia de la justicia y la institucionalidad con las cuotas políticas, y abogados carentes de ética, establece una telaraña de corrupción que debe ser erradicada de la administración pública. Mafias que desangran el erario, pervierten a los funcionarios públicos, y engañan a los ciudadanos imponen en el imaginario colectivo un precepto que toma carrera en las nuevas generaciones: “puede más el dinero que el respeto a la moral y las buenas costumbres”. Lo que denunció Noticias Caracol no solo acredita la grotesca actuación del INPEC, los presos y sus abogados, sino que exhibe el deplorable papel de los organismos de control frente a la rampante corrupción. Lo que algunos cínicos llaman asaltó a la buena fe es la materialización de un todo vale, no importa cuanto se haya recibido de condena, pues si tiene dinero puede controlar todo lo que quiera.

Campaña que ahora hacen los políticos contra de la corrupción debe afrontar un aforismo que en la democracia colombiana se reviste de orangután en sacoleva, medidas cosméticas que se proponen de cambiar el INPEC por otra Institución, probablemente igual o peor, nada tienen que ver con un cambio de política carcelaria efectiva y que atienda las necesidades de una nación sumida en las injusticias. ¿Cuántos presos en las cárceles de Colombia deben esperar meses y años para que les concedan una cita médica fuera del penal? Beneficio que parece estar solo reservado para los Mattos o las Merlanos ratifica que la ley solo existe para los pobres, los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque siempre hay un dinero que compra consciencias y funcionarios carentes de ética.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.