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Luego de que la Procuraduría iniciara una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cabeza de esa entidad, Cielo Rusinque, habló sobre las diligencias que están siendo investigadas por el ente de control.
Según el Ministerio Público, la SIC habría incurrido en presuntas irregularidades durante una visita administrativa que realizó en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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En ese sentido, la superintendente Rusinque explicó en Blu Radio que estaban “verificando si en el desarrollo de las licitaciones (de los pasaportes) se incurrió en conductas ilícitas”.
Y es que la SIC también hizo una inspección igual en las instalaciones de la empresa Thomas Greg & Sons, la cual tenía a su cargo la fabricación y expedición de los pasaportes (documento de identificación en el exterior).
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Ante esto, la funcionaria negó que estas acciones estuvieran influenciadas directamente por el Gobierno, pues el presidente Gustavo Petro ha sostenido que esa empresa estaría detrás de un supuesto “fraude monumental” por sus contratos con la Registraduría.
“No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar. Eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura para la competencia”, explicó Rusinque al respecto.
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Para justificar esto, argumentó que no podía frenar esa investigación así generara malestar, pues “como funcionarios públicos nos corresponde investigar todo lo que consideremos que se tenga que hacer con base en indicios, en pruebas”.
Sobre las inspecciones de la SIC a la Registraduría y a Thomas Greg, la Procuraduría centró su investigación en que identificó que la SIC solicitó acceso a información sensible relacionada con el censo electoral, la cual está protegida por carácter reservado.
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De hecho, ese ente de control encontró que se solicitaron copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares de uso personal, entre otras irregularidades.
En el diálogo con la cadena radial, tras ser cuestionada sobre si se habría extralimitado en sus funciones con esas visitas, manifestó que “la competencia nuestra, es todo lo que tenga que ver con prácticas restrictivas de la competencia” y que “la división del trabajo que existe en el Estado para alcanzar ese interés general exige que todos colaboremos en el marco de nuestras competencias y es lo que ha hecho y seguirá siendo la SIC”.
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Finalmente, Rusinque afirmó que las visitas administrativas realizadas por la SIC se basan en el ejercicio legítimo de las facultades establecidas en la constitución, la ley y los decretos reglamentarios, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas de libre competencia en los procesos de selección públicos.
“Las preocupaciones que ha manifestado la Procuraduría han sido analizadas por diversas autoridades jurisdiccionales, incluida la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales administrativos”, dijo.
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La Procuraduría advirtió que esas acciones de la SIC pudieron haber vulnerado los derechos al debido proceso, a la intimidad y a la reserva judicial.
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