Miedo. Eso es lo que están experimentando las EPS (incluidos sus propios trabajadores) y los usuarios que atienden, por las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro de intervenirlas. Esta semana fueron Sanitas y Nueva EPS, y otras aguardan en una fila incierta. Así las intenciones del Ejecutivo sean las mejores, la incertidumbre por un escenario desconocido es humanamente razonable. Pero de entre todas, una decidió no aguardar para saber si estaba en la lista, y se adelantó.
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Compensar anunció este viernes que solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud su liquidación, y las principales motivaciones que dio, así el presidente Petro haya dado otras razones en este caso, derivan de la intervención a las otras dos EPS: las dificultas de las finanzas en el sistema de salud y el ambiente de incertidumbre que se creó.
La situación con Sanitas y Nueva EPS y el hundimiento de la reforma a la salud “lo que nos quita es la certeza sobre cómo podemos movernos”, dijo el director de Compensar, Carlos Mauricio Vásquez, en Caracol Radio. “Nosotros tenemos la intención de seguir aportando en salud, de seguir atendiendo nuestros pacientes, de que la salud haga parte de ese ecosistema de bienestar que tanto hemos promulgado, pero ante la incertidumbre de cómo poder hacerlo, y con la certeza de que cada vez lo estamos haciendo menos bien, porque no queremos incumplirles a los pacientes las atenciones que hoy estamos obligados a hacer, es que tomamos esta decisión”.
Aunque parece una capitulación ante la arremetida del Gobierno contra las EPS, de la que ya se sabía desde cuando Carolina Corcho llegó al Ministerio de Salud, y desde cuando el hoy superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, trinaba contra esas entidades, la decisión de Compensar también tiene ribetes de dignidad empresarial, aunque no lo pone de manifiesto, claro, sino que destaca por supuesto su preocupación por el cuidado del servicio a sus usuarios.
Esa incertidumbre que provoca la nueva situación, según Vásquez en el mismo medio, “es el elemento principal que hace que no tengamos la posibilidad de participar en salud como quisiéramos”. Y después habló como cualquier dueño de casa o negocio celoso porque no quiere que nadie meta sus manos en ellos: “Preferimos, voluntariamente, hacer todo el proceso de desmonte, en lugar de tener una intervención en donde un tercero o alguno pudiera eventualmente hacerlo por nosotros”.
Al Gobierno se le ha criticado por nombrar agentes interventores en Sanitas y en Nueva EPS sin la experiencia suficiente para manejar entidades de salud de ese tamaño. Hasta las firmas especializadas en buscar talentos tienen dificultades o se demoran para encontrarlos.
En esta idea también se circunscribe la decisión de Compensar de solicitar su liquidación. “Nosotros conocemos la operación, tenemos la experiencia, conocemos a los pacientes, tenemos ya la relación con la red [de atención], y eso es lo que queremos seguir haciendo con los pacientes hasta tanto se acepte y se dé paso a este proceso”, agregó el directivo en el mismo medio.
A lo largo de la entrevista con la emisora, Vásquez no pudo ocultar la prevención por que un tercero toque su EPS. “Nosotros, con el ánimo de poder seguir administrando nuestra propia EPS, nuestros propios usuarios, y seguir garantizando ese servicio hasta que tengamos la claridad de qué es lo que hay que hacer con los pacientes cuando tengamos ya a dónde entregarlos, seguiremos atendiendo todas las obligaciones como ha sido nuestra responsabilidad durante los últimos 30 años”.
Qué pasaría si otras EPS hacen lo de Compensar
Por eso, Compensar no tuvo miedo y, de paso, puso a pensar al Gobierno, que ya tiene que responder por más de 16 millones de pacientes de Sanitas y Nueva EPS. De aceptar el pedido de liquidación de Compensar, tendrá que sumar a esa cantidad los más de dos millones de usuarios de esta EPS. La situación se complicaría si algunas de las otras EPS siguen el camino de Compensar, lo que provocaría un colapso del sistema.
Precisamente, ante esta nada deseable posibilidad, el superintendente de Salud dijo en la misma frecuencia que la Superintendencia debe analizar y estudiar las respectivas solicitudes que lleguen en este sentido y tiene la discrecionalidad por ley de aceptar o no el retiro de la EPS del sistema. “Todo en aras de garantizar la correcta y oportuna prestación de servicios al interior del sistema de salud, así como en caso de que se acepte el traslado de los mismos respetando el derecho a la libre escogencia”, aseguró.
“La única condición real para poder aceptar o negar esta solicitud es garantizar la prestación de servicios para todos los usuarios”, agregó el funcionario. Y preguntado por si creía que otras EPS fueran a hacer lo mismo que Compensar, respondió: “Cualquier EPS puede pedir en el marco legal el retiro voluntario”.
“Pero también, de acuerdo con la normatividad vigente, la Superintendencia tiene la obligación de estudiarlo y de tomar una decisión, e inclusive negar ese retiro voluntario del sistema cuando se podría vulnerar del derecho fundamental de las personas a la salud. Cualquiera lo puede solicitar, pero eso no significa que a todos se les vaya a aceptar”, concluyó el superintendente.
Si bien es cierto que la decisión de Compensar pone en el primer lugar de sus preocupaciones a los usuarios, también está impregnada de una discreta altivez frente al Gobierno. De hecho, sorprendió al país que ve preocupadas y acorraladas a todas las EPS.
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